Eduardo Gracia: «La ley se está olvidando del respeto a los derechos del contribuyente»

Llevar décadas manejando asuntos de tributos y cuentas de empresas además de asesorar sobre cientos de inversiones, litigios, reclamaciones y demandas fiscales, dan a Eduardo Gracia la experiencia sobrada para poder hablar de ello. El jefe del Área Fiscal de Ashurst para Europa y Estados Unidos y candidato a presidir la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) visitará esta próxima semana Cádiz para participar en unas importantes jornadas nacionales los días 21 y 22 que reunirá a grandes expertos en materia fiscal de todo el país.

- Presenta su candidatura para presidir la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), la plataforma que defiende los derechos de los contribuyentes ante Hacienda...

- Sí... nosotros denunciamos los abusos que se puedan producir por parte de la Administración o por la mala legislación y buscamos que se aplique la ley y que se respeten los derechos y garantías de los contribuyentes. Por eso también nos dedicamos a impugnar leyes como la famosa 7.20 o reglamentos y órdenes ministeriales, como por ejemplo, ahora el Supremo nos ha dado la razón anulando una orden que obligaba a los contribuyentes a presentar la renta por medios informáticos.

- ¿Qué ofrece en su candidatura para presidir Aedaf?

- Actualmente soy miembro de la comisión directiva por lo que ofrezco una continuidad dentro de las reformas que se decidan a hacer. Una evolución de la asociación. Formaría parte de esa nueva comisión y daría cierta estabilidad pero sin renunciar por supuesto a la evolución. No soy continuista, ofrezco continuidad.

- En Aedaf tienen una importante labor en la defensa del ciudadano, ¿cree que el Gobierno legisla sus políticas fiscales teniendo en cuenta al contribuyente o más bien lo hace al margen de él?

- Creo que la actual legislación es mejorable. Se está demostrando que algunos impuestos nuevos no recaudan ni una tercera parte de lo previsto y sin embargo suponen muchas obligaciones y costes de cumplimiento. Y segundo, porque la legislación tributaria se está olvidando del respeto a los derechos del contribuyente. Bajo el amparo de la lucha contra el fraude, se le están dando unos poderes que van mucho más allá de lo necesario, olvidándonos que tiene que haber un equilibrio. La Administración tiene una posición de prevalencia pero ese poder no puede ser absoluto. Tiene que haber una garantía para el contribuyente porque no habría forma de defenderse.

- En este sentido, esa desproporción es notoria... ¿cree que el ciudadano se siente a menudo como David contra Goliat cuando tiene un problema con Hacienda y pierde toda la esperanza de que su reclamación prospere?

- Efectivamente. Precisamente, las jornadas de Cádiz servirán para denunciar que hace ya 25 años que se aprobó la primera y única ley donde se reconocía a los contribuyentes nuevos derechos y garantías. Desde entonces todo lo que se ha publicado en esta legislación ha sido para darle más poder a la Administración. En ocasiones, de forma legítima, para la lucha contra el fraude. Y en otras, se han anulado sentencias del Supremo que servían para ampliar esa protección.

- Pero, ¿no cree que es difícil que un Gobierno quiera prescindir o rebajar ese poder tan importante?

- La tendencia es clara. Los últimos diez años desde la crisis financiera todos los gobiernos han entendido que tenían que recaudar más, subir impuestos o reforzar sus poderes en las administraciones... pero no todo es legítimo. Todo ese reforzamiento de los privilegios tiene que ir acompañado de las posibilidades de poder recurrir. Es necesaria una reforma en la jurisdicción tributaria para igualar la posición de unos y de otros ante los tribunales. Por ejemplo... ¿por qué no permitir que lo que llega ante un tribunal se puede renegociar extrajudicialmente y planteárselo al juez sin que tenga que entrar a juzgar?, ¿por qué no si los jueces de los asuntos tributarios están totalmente superados por la cantidad de las causas que hay? Son ideas... todo se puede hablar pero no hay interlocutor. Es una situación ya insoportable para todos. ¿Qué sentido tiene que haya, según hemos calculado, en los tribunales unos 30.000 millones de euros, pendientes de resolución? Eso no beneficia a nadie ni de forma recaudatoria. Ha llegado el momento de que alguien nos escuche.

- ¿Cree que realmente sigue habiendo excusa para seguir subiendo la presión fiscal?

- Durante muchos años ése ha sido el mantra del Gobierno para crear nuevos impuestos pero es que ya estamos en presión fiscal. No hay olvidar que hay tres millones de ciudadanos que no aportan tributariamente, por lo que siempre pagaremos más que el resto de países de nuestro entorno, nuestro esfuerzo seguirá así siendo mayor.

- La pandemia supuso una mejora en cuanto a la lucha contra el dinero negro, ¿cree que en un país con tantas necesidades se puede batallar contra la economía sumergida?

- La pandemia supuso un cambio de hábito de pago de los españoles. En la medida que prefieren pago con tarjeta, bizum, transferencias... deja rastro y eso permite que aflore ese dinero. Sí se ha producido una mejora importante y una reducción del fraude fiscal.

- Incluso está pasando lo contrario, sitios donde no te dejan pagar en efectivo... ¿eso se puede denunciar?

- Sí. Se puede reclamar a Consumo porque la moneda, el efectivo, es de curso legal y siempre tienen que ser aceptada.

- ¿Cómo está afectando la situación de inestabilidad actual, la dificultad y lentitud para formar gobierno en España?

- Hay mucha incertidumbre y nunca es bueno para tomar decisiones en el país. Sin un panorama político claro muchos inversores prefieren esperar a que se aclare. No es un buen momento.

- Cádiz será epicentro de expertos fiscales, ¿qué espera de estas jornadas?

- El motivo es la celebración de estos 25 años del Estatuto del contribuyente y esperamos que de él salga un clamor de los asesores fiscales para que alguien recuerde que no sólo hay que recaudar sino también hacerlo de acuerdo con la ley y permitir que el ciudadano pueda defenderse con una mayor igualdad de armas que la que hoy existe con la Administración.

Eduardo Gracia presenta su candidatura con un equipo formado por, como destacan, otros profesionales de gran experiencia, una Comisión directiva para 2024-2027 que estaría formada por Matías Jiménez Brito (vicepresidente, Jiménez-Brito Abogados&Economistas), Arancha Yuste (secretario general, despacho individual), Alejandro del Campo (vicesecretario, DMS Legal), Elisenda Clavera i Gispert (vocal responsable de asuntos económicos, Gabinet Clavera), Maite Reina Cuadra (vocal nº1, Activa Consultoría y Gestión Empresarial), Daniel Gómez-Olano (vocal nº 2, FCC), María Sanz Amasene (vocal nº 3, Cialt, Asesores Legales y Tributarios), Enca Baquero Martínez (vocal nº 4, Certus Legal Firm), Rubén Cueto (suplente, Vallverdú Abogados), y Eugenia Moreno del Cuvillo (suplente, J. Y. Hernández-Canut Abogados).