economía
Detenido y puesto en libertad el responsable de una presunta estafa piramidal con cientos de gaditanos afectados
Juan González, fundador del grupo Herrero Brigantina, que tenía una oficina en el edificio Trocadero de Cádiz, se enfrenta a una querella millonaria en los tribunales
Agentes de la Policía Nacional han detenido al fundador del grupo Herrero Brigantina, Juan González, quien se enfrenta a una querella en los tribunales por una presunta estafa piramidal de más de 35 millones y con más de 3.500 afectados: cientos de ellos en Cádiz. No tardó en ser puesto en libertad vigilada con cargos bajo medidas cautelares: se le retiró el pasaporte. El dinero retenido alcanza en algunos casos los 300.000 euros por cliente.
Según han informado fuentes policiales, la detención se llevó a cabo en Madrid el pasado 15 de diciembre dentro de unas actuaciones bajo secreto de sumario que no se sabe con certeza si tienen relación directa con la querella presentada inicialmente ante un juzgado de Salamanca.
El grupo Herrero Brigantina, cuya sede se encuentra en Ponferrada y tenía una oficina en el edificio Trocadero de la capital gaditana, vendía desde seguros hasta fondos de inversiones o depósitos a un alto interés, hasta que algunos de sus inversores reclamaron su dinero y no apareció.
A partir de ese momento, varios bufetes de abogados de toda España están agrupando las denuncias, que podrían alcanzar los 35.000 afectados en toda Europa. También se le investiga por usar sin permiso presuntamente el aval de diferentes aseguradoras para vender productos de inversión, que alcanzarían los 40 millones de euros, Se desconoce por el momento la cifra total de operaciones que movía la firma.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ya había tomado declaración a personas relacionadas con la empresa y a clientes para tratar de desentrañar el esquema de trabajo de Herrero Brigantina, que llegaba a ofrecer rentabilidades de un 25% a cinco años.
La sede de Herrero Brigantina, en Ponferrada, ya ha recibido la visita en dos ocasiones de varios afectados que se han concentrado para exigir sus inversiones. Demandan su dinero y que los responsables paguen por la supuesta estafa.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se encuentra a la espera del informe de la Fiscalía antes de decidir si asume la competencia para investigar la presunta estafa piramidal que habría afectado a más de 35.000 clientes en toda Europa.
Muchos de los estafados son gaditanos. El abogado José Luis Ortiz Miranda, socio-director de Bufete Ortiz, lleva el caso a más de 500 afectados, cientos de ellos de Cádiz. «Se ha cebado con gente con mucho pasivo», apunta a LA VOZ.
Entre los perjudicados, con residencia por toda la geografía nacional, «hay pymes, autónomos y familias que han perdido su dinero con sus soluciones de inversión, planes de pensiones, seguros, hipotecas y préstamos», explica Ortiz. El dinero retenido alcanza en algunos casos los 300.000 euros por consumidor.
Actualmente, se siguen siete investigaciones simultáneas por siete grupos de la UDEF. El caso ha cogido tal volumen que se ha creado una Plataforma de Afectados que engloba a centenares de afectados.
Hasta la fecha sólo se le han conseguido embargar escasamente 300.000 euros de las cuentas. Las empresas tienen las oficinas cerradas a cal y canto, y a los empleados tampoco les ha pagado el Fogasa, ni ha pagado la cotización del personal a Seguridad Social, ni los impuestos de sociedades ni el IVA a Hacienda.
González Herrera estaba en paradero desconocido y se había pedido a Pedraz que emitiera una orden de búsqueda y captura a través de la Interpol, las fuerzas del orden de todo el mundo, de cara a conseguir su detención y extradición a nuestro país. Ortiz afirma que González Herrero estaba en Medellín (Colombia).
«El dinero lo sacó de España, transfiriéndolo a una sociedad patrimonial inmobiliaria en Colombia, Grimaldi Real Estates SAS., donde ha colocado como administrador único a un hombre que no sabe ni leer ni escribir y es insolvente, que sería un testaferro«, explica Ortiz.
«A través de esta sociedad, González ha comprado una finca que perteneció a Pablo Escobar y se la decomisó el Gobierno colombiano, la finca San Jerónimo, un inmenso cafetal de miles de hectáreas, con helipuerto, en la provincia de Rionegro Antioquía (Colombia), por lo que tiene varias residencias en Colombia», añade.
Ortiz presentó el pasado mes de octubre un querella en la que imputa a Herrero Brigantina Servicios Crediticios, SAU, North Atlantic Insure Broker CO SA, y a Broker Asegurador de Ultramar SLU cinco delitos: organización criminal, estafa, intrusismo, apropiación indebida y falsedad documental.
Fue admitida por Pedraz y, según informa el socio-director de Bufete Ortiz, están adhiriéndose a ella todos los afectados a lo largo y ancho de la geografía nacional. «González vivía como un príncipe, con un cochazo en la puerta y una mansión en Jerez valorada en tres millones de euros», apunta.
Según los afectados, a principios de 2022 empezó a fallar en la devolución de la rentabilidad y a mediados de ese año ya hizo dejación generalizada de la devolución de lo principal invertido.
Santiago Pedraz decidió abrir unas diligencias previas después de la inhibición del Juzgado de Instrucción de Salamanca. Posteriormente, recibió la querella y fue el 26 de octubre cuando decidió acumular todo al apreciar una conexidad en los hechos denunciados. Fuentes jurídicas señalan que Pedraz espera contar en próximas horas con el informe fiscal para decidir si asume la causa.
La Fiscalía alertaba sobre una estafa «al realizar varias suscripciones de capital del producto financiero ofertado por Herrero Brigantina por importe de 25.000 euros».
La querella añadía que un cliente, denunciante de los hechos, intentó el rescate de su inversión «ante las noticias salidas en prensa de la crisis económica que estaba sufriendo la entidad», aunque no había recibido los fondos ni contestación alguna de los responsables de Herrero Brigantina.
En este sentido, el escrito afirmaba que las empresas de Herrero Brigantina no estaban autorizadas para operar como aseguradoras o empresas de distribución de seguros, un hecho «advertido por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía».
Entre otras actividades, añadía la Fiscalía, Herrero Brigantina vendía planes de pensiones, hipotecas y préstamos. «Se han descubierto más de 35.000 clientes afectados que han perdido su dinero en Europa, entre los que se encuentran pymes, autónomos y familias, con sus soluciones de inversión, planes de pensiones, seguros, hipotecas y préstamos», añadía.
