LABORAL
El convenio del Metal avanza hacia su firma pero topa con el trato a los fijos-discontinuos
Los sindicatos quieren aplicar a este contingente un plus que solo cobran los eventuales y la patronal rechaza de plano la propuesta
Los empresarios tampoco están a favor de que el bono de toxicidad se generalice para todos los trabajadores del sector
La intención es lograr un acuerdo definitivo en junio después de un año de debate
La negociación del polémico convenio del Metal de Cádiz sigue superando obstáculos hacia su firma definitiva. La intención es lograr el acuerdo antes de julio, sin embargo, aún quedan por debatir varios puntos muy espinosos. Por un lado, la bonificación del plus tóxico, es decir, un plus específico para quienes trabajen con materiales peligrosos, y el plus de empleo estable, que se aplica a los trabajadores eventuales por su condición de temporalidad.
En ambos puntos han chocado patronal y sindicatos. Mientras que UGT y CC OO quieren que el plus de toxicidad se aplique con carácter general, la patronal Femca aclara que no se puede generalizar para todos los trabajadores del sector del Metal un plus tan específico como el de toxicidad.
Esta misma situación ocurre con el plus de empleo estable. Las centrales sindicales quieren que se aplique también al contingente de fijos-discontinuos, mientras que los empresarios insisten en que los fijos-discontinuos, «como bien destaca el Gobierno», ya no son parados ni trabajadores eventuales. De hecho, no figuran como desempleados cuando están sin actividad. Por esta razón, ese plus no se puede ampliar a la plantilla fija-discontinua.
La negociación del convenio arrancó a finales de 2023, pero no fue hasta julio de 2024 cuando se presentaron las primeras propuestas en la mesa negociadora. En enero de 2025 se presentaron además nuevas reclamaciones, que ahora se tratan de ajustar. Una de las más espinosas ha sido el debate de la pérdida de poder adquisitivo, pero ese enfrentamiento ya se ha superado y se ha optado por la aplicación del IPC.
Las partes implicadas han demostrado diálogo y lealtad en la negociación de un convenio que afecta en la provincia a 30.000 trabajadores. Aún se recuerda la huelga general de quince días en noviembre de 2021 como consecuencia de la petición de mejoras sociales y salariales del convenio. Aquella negociación acabó con batallas campales en la Bahía de Cádiz hasta que la Junta logró sentar a las partes y cerrar un acuerdo histórico.
El plus de empleo estable, que está vinculado al contrato fijo discontinuo que tienen muchos empleados del sector, se incluye igualmente en las propuestas sindicales al defender una regulación. El plus se cobraría si la relación empresa-empleado se interrumpe antes de un año de contrato, por lo que no se consideraría empleo estable. Pero van más allá porque demandan que el periodo de actividad tenga una duración mínima de 3 meses, excepto si el trabajo es fuera de la provincia o en el extranjero, que puede ser menor; y que al menos se labore 8 meses al año. En cuanto al periodo de inactividad consideran que no puede ser superior al plazo de un mes, con la posibilidad de que pasado ese tiempo el trabajador pueda extinguir la vinculación con una indemnización de 33 días o acceda a esperar un mes más. El llamamiento al trabajador para que vuelva al trabajo se realizaría por antigüedad, y con una reserva de puesto de trabajo si la persona está realizando un servicio para otra empresa. Los fijos discontinuos más los eventuales no podrían sobrepasar la mitad de la plantilla de cada empresa.
El plus de empleo estable solo lo reciben los temporales, no así los fijos discontinuos, aunque puedan estar trabajando al año solo entre 4 y 6 meses. Por eso, la plataforma de UGT y CCOO incorpora el cobro por parte de estos empleados. Antonio Montoro, secretario general de FICA-UGT, prefiere no dar fechas sobre un acuerdo, pero no descarta el verano.
Entre las cuestiones que deben cerrarse con estas negociaciones está la jornada laboral. Los sindicatos plantean que quede reducida a 37 horas semanales, lo que supondría 74 horas menos anuales. Los sindicatos entienden que el convenio debe prever la aplicación de la reducción acordada por los sindicatos con el Gobierno central, que dejará la jornada en 37,5 horas a la semana en 2025.
Otros temas que también se han puesto sobre la mesa es el cobro de dietas, con la obligación de las empresas de garantizar alojamiento y gastos por desplazamiento; o el aumento de la retribución por accidente de trabajo del 80 al 100% y del 80 al 90%, en el caso de enfermedad común. En este sentido, las fuentes consultadas por LA VOZ han avanzado que se ha llegado a un acuerdo.
