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Unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz para frenar la proliferación de viviendas turísticas en la ciudad
La propuesta del PSOE, que insta a la Junta a que apruebe de una vez el Decreto que regula este tipo de alojamientos, ha contado con el respaldo de toda la corporación municipal tras un ordenado debate
«No hay viviendas, no se puede vivir en Cádiz». La concejala socialista Natalia Álvarez ha sido la encargada de defender este jueves en el Pleno del Ayuntamiento correspondiente al mes de septiembre la propuesta de su partido relativa al control de las viviendas con fines turísticos (VFT) y la saturación turística en la ciudad de Cádiz. La propuesta llamaba a instar a la Junta de Andalucía a que apruebe definitivamente el Decreto que regula este tipo de alojamientos
No ha habido colores políticos, sino interés por los vecinos de la capital gaditana, y la medida ha sido aprobada por unanimidad, tras un ordenado debate, al contar con los votos a favor del equipo de Gobierno del Partido Popular y de los dos partidos de la oposición: el propio PSOE y Adelante Izquierda Gaditana.
«Hay más de 2.500 viviendas con fines turísticos registradas en la ciudad, más la que no se controlan por estar fuera de la legalidad», ha recordado Natalia Álvarez. «Se juega con algo con lo que no se debe jugar, el derecho a la vivienda, que trae consigo además otros problemas como la pérdida de identidad de los barrios», ha añadido la concejala socialista. «Instamos a la Junta a que apruebe el Decreto, porque nos preguntamos cuándo va a estar listo», ha resumido la concejala socialista pidiendo además que se cree un observatorio «para poner el ojo en un problema fundamental para los gaditanos».
Helena Fernández, de Adelante Izquierda Gaditana, ha recordado que es un derecho que se recoge en la Constitución. «Somos muy constitucionalistas para otras cosas», ha apuntado con ironía mirando a la bancada popular.
Su compañero David de la Cruz ha dicho que «hay que negarse a dar un paso atrás». «Hay que avanzar con un objetivo claro: blindar el derecho a la vivienda. No podemos retroceder», ha querido destacar durante su intervención. «La Junta sigue sin regular y tiene en el limbo 40 licencias en Cádiz. Aquí hay barrios, como La Viña o Santa María, donde no cabe una vivienda turística más», ha concluido el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana.
José Manuel Cossi, por parte del Partido Popular, ha confesado que «no se puede negar» que hay barrios copados por ese tipo de viviendas. «Donde haya saturación, habrá regulación», ha dejado claro defendiendo la política en materia de vivienda de su partido.
«Todo va a estar controlado. Si no se ajusta al PGOU, se dará de baja. Pero es que lo que hay que hacer es eso, lo que no se ha hecho en los últimos ocho años: política de vivienda. No es una cuestión ideológica, hay que ampliar la oferta. Y en esa línea estamos, buscando un turismo sostenible», ha resumido José Manuel Cossi.
Acuerdo Regulador
Por otra parte, se ha aprobado también con unanimidad el Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionarial del Ayuntamiento de Cádiz, sin ser sometido a modificaciones sustanciales, después de que el pasado 28 de julio la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, a través de Mercedes Colombo, efectuara el requerimiento de anulación o adaptación a la legalidad de determinadas disposiciones.
Mercedes Colombo había enviado un escrito al alcalde de Cádiz, Bruno García, en el que plasmaba unas cuantas incorrecciones detectadas en el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de los Funcionarios del Ayuntamiento de la capital gaditana, otorgando un mes de plazo para «anular o adaptar a la legalidad los preceptos» que se habían relacionado.
Cabe recordar que el Pleno extraordinario del Ayuntamiento aprobó el pasado mes de mayo, siendo José María González alcalde de Cádiz, el Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario municipal 2022-2025, así como la modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo 2013 para favorecer la carrera profesional del personal funcionarial. Asimismo, se acordaba crear la figura de viceinterventor municipal.
El Acuerdo Regulador fue aprobado con los votos a favor del equipo de Gobierno de Adelante Cádiz y del PSOE y la abstención de PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito Domingo Villero.
Aprobación de modificación de varias Ordenanzas Fiscales
El Pleno del Ayuntamiento ha dado también este jueves luz verde, con el voto a favor del PP y el rechazo de la oposición, a la propuesta del equipo de Gobierno para la aprobación provisional de modificación de varias ordenanzas fiscales. «Es una medida muy social en favor de las familias más desfavorecidas de Cádiz», ha destacado la concejala Maite González, encargada de defender la iniciativa.
Maite González ha explicado durante su intervención que hasta ahora había bonificaciones que iban desde el 20% en el valor del recibo del IBI hasta un 90% en las que se tomaban como referencia aspectos como el número de hijos y el valor catastral de la vivienda.
Ahora el criterio que se marca, además del valor catastral de la vivienda, es lo que marca la ley de familias numerosas, que divide estos núcleos en categoría general y especial. La general son las familias que tienen tres y cuatro hijos mientras que en la especial van una serie de requisitos. Por ejemplo, una familia integrada por cinco hijos o más, o las unidades familiares con cuatro hijos al menos en el que sus ingresos anuales divididos por el número de miembros que las componen no superen en el cómputo anual el 75% del IPREM. Asimismo, cada hijo o hija con discapacidad computará como dos.
Otro de los elementos que se varía son los tramos del valor catastral. De este modo pasan a ser cuatro, es decir: de 0 a 50.000 euros, de ahí hasta 100.000; otro hasta los 150.000 y el último hasta los 175.000. Destacar que lo que todavía está en vigor tiene un límite catastral de solo 106.920 euros. Maite González ha resaltado que «esto nos va a permitir que se pueda cubrir casi el 95% de las viviendas que hay en Cádiz». Con la propuesta del equipo de Gobierno aprobada en el Pleno, en la categoría general de familia numerosa se alcanza una bonificación que va del 80% en el tramo de menor valor catastral de la vivienda, al 60, el 20 y el 10. En la especial son del 90, 70, 30 y 20%.
Esto, por plasmarlo en un ejemplo, supone un importante incremento en los tramos de bonificaciones reconocidas a familias numerosas que residen en viviendas con un valor catastral de hasta casi 100.000 euros: el 85% de los inmuebles de Cádiz. Y en el caso de las de hasta 50.000 euros llega casi a duplicarse.
Maite González ha insistido en que se trata de «una medida social» y ha argumentado que en el censo hay 448 familias que se benefician de las bonificaciones por familia numerosa. A partir de ahora, estas 448 familias también van a poder gozar de mayores beneficios en su gran mayoría y habrá otras 78 familias, 74 de categoría general y otras 4 de especial, que podrán acceder a las bonificaciones.
Desde la oposición se ha puesto en duda ese carácter social de la medida. Demetrio Quirós, de Adelante Izquierda Gaditana, ha criticado que «se cambian las reglas del juego» y que se incumple el artículo 31 de la Constitución al defender que no es progresivo. «Sí que es progresivo», ha contestado Maite González.
El socialista José Ramón Ortega, por su parte, ha lamentado que ha habido «falta de diálogo por parte de un equipo de un Gobierno que viene presumiendo de diálogo». «Los más desfavorecidos son los que necesitan alquileres sociales y a ellas no les beneficia esta medida. Dar por igual a quien tiene mucho y tiene poco no es progresivo», ha destacado. «Deben modificar algunas cuestiones para que ustedes realmente sean sociales, y no dudamos de que quieren serlo», ha concluido José Ramón Ortega.
«Sí es una medida social», ha repetido una y otra vez Maite González. «Apoyamos a las familias con más cargas, una de las funciones de las administraciones es velas por ellas y eso estamos haciendo. Es una medida muy social en favor de las familias más desfavorecidas», ha resumido.
Desde Adelante Izquierda Gaditana se ha pedido votar la propuesta por puntos, pero finalmente se ha votado al bloque completo.
Rechazo a la amnistía
El Grupo Municipal Popular presentaba a este Pleno de septiembre una propuesta para instar al resto de los grupos a rechazar desde el Ayuntamiento "cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español cualquiera que sea su delito, considerando que la ley es la expresión de la voluntad popular tal y como establece el preámbulo de la Constitución", ante la situación política en la que se encuentra en estos momentos el país. Los populares no han obtenido respaldo alguno de la oposición, que ha votado en contra, pero han aprovechado su mayoría en el arco plenario para que la medida quedara aprobada.
El PP pedía en la propuesta que se reconozca además que España "es una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones y donde no cabe proyecto alguno que trate de romper la igualdad o dotar de privilegios a ciudadanos o territorios en cualquier parte de España".
El debate, como se puede imaginar, ha sido de los más acalorados durante el desarrollo del Pleno, habiendo recriminaciones y posturas enfrentadas entre las distintas formaciones políticas.
Juancho Ortiz, concejal del Partido Popular que ha defendido la propuesta, ha recordado que en 2017 se produjo un intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden Constitucional siendo "la reacción del Estado de Derecho la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la puesta en marcha de los instrumentos penales contra sus impulsores". "El principal de los responsables, Carles Puigdemont, huyó al extranjero, muy valiente él", ha apuntado Ortiz durante una de sus intervenciones.
Desde la oposición se la ha recriminado al PP que no es una propuesta que afectara a Cádiz, pero Juancho Ortiz ha argumentado que sí que le afecta. "A los gaditanos y a los andaluces", ha asegurado.
