Alrededor de 250 nuevas viviendas protegidas en el horizonte de Cádiz «a corto plazo»

J.M.V.

CÁDIZ

13/06/2025 a las 13:31h.

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«Hemos traído a la Junta de Gobierno la puesta en marcha de la adhesión del Ayuntamiento de Cádiz al decreto que publicó la Junta hace unos meses de medidas urgentes en materia de vivienda«.

José Manuel Cossi ha celebrado este viernes «las buenas noticias en impulso urbanístico a proyectos de nuevas viviendas que son prioritarios en la ciudad».

Cossi ha puesto el foco en el hecho de que la capital contempla en su horizontealrededor de 250 nuevas viviendas protegidas «a corto plazo».

Adelantaba el teniente de alcalde responsable de Urbanismo: «Durante varios meses, los equipos técnicos de Procasa y de Urbanismo han estado trabajando también con los equipos técnicos de la Junta de Andalucía para la generación de una primera bolsa de suelo, que ya se ha dado traslado a la Junta de Andalucía, suelo finalista disponible para la construcción de vivienda protegida. Y esa información va a ser publicada de manera coordinada por la Junta de Andalucía a nivel regional para que los promotores tengan conocimiento de la disponibilidad de suelo y dar un impulso a nuevos proyectos finalistas, porque es suelo finalista que directamente se pueden solicitar licencias y presentar proyectos para vivienda protegida. Todos esos suelos, en su mayor parte, ya son de titularidad pública, aunque aparecen también algunos suelos de titularidad privada que están destinados en planteamiento a vivienda protegida. Y ahora, en el Pleno de junio vamos a impulsar el acuerdo que permita que la ciudad se acoja a los beneficios que plantea este decreto.

Y añadía: «Este decreto tiene, por resumirlo mucho, una cuestión fundamental y es que permite incrementar un 20% la edificabilidad de las parcelas residenciales que se acojan a hacer vivienda protegida, tanto las que van con renta libre como protegida, permiten esos incrementos de edificabilidad, lo cual es una buena respuesta para mejorar la posibilidad de construcción de vivienda. Y, por otro lado, nos va a permitir una cosa que hemos anunciado ya y que es importante, incorporar una segunda bolsa de suelo, de suelo dotacional, público y privado, que aparece gracias al decreto, directamente como suelo finalista al que se pueden solicitar licencias para construcción de vivienda protegida, eso sí en el caso del suelo dotacional, exclusivamente en alquiler. Así que esto lo vamos a tramitar en el próximo Pleno«.

«Ya se ha lanzado esa primera bolsa de suelo con 12 parcelas, que actualmente se pueden poner en carga ya para promoción de vivienda protegida, y esa segunda bolsa de suelo dotacional. Con eso estaríamos hablando de una posibilidad de en torno a 250 viviendas protegidas que se pueden tener en horizonte a corto plazo y con posibilidades de hacer operaciones interesantes en distintas parcelas, tipo San Vicente de Paúl, dotacional de Puntales, la de la Merced, donde estaba el centro de salud, parcelas que actualmente no permiten la construcción de vivienda, requerirían un procedimiento urbanístico más complejo y que ahora, gracias al decreto, automáticamente sí se podrán incorporar en proyectos de vivienda protegida«, concluía José Manuel Cossi.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba el pasado mes de febrero el Decreto Ley de medidas urgente en materia de vivienda, un plan de choque con el que se pretende facilitar el acceso a la vivienda con medidas que permitan la construcción de 20.000 viviendas protegidas en los próximos cinco años.

Entre las medidas, el Decreto ley contempla ampliar la oferta de solares para uso residencial protegido, autorizar mayor densidad de viviendas en parcelas que se destinen a VPO, crear una bolsa de suelo con los ayuntamientos e incluir promociones residenciales en la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP).

Andalucía ya había iniciado la tramitación de su Ley de Vivienda, pero se ha querido anticipar algunas medidas dentro de este plan de choque para su aplicación con carácter urgente. El Decreto ley se marca como primer paso la ampliación de la oferta de suelo para vivienda protegida, mediante cambios de uso, densidad y edificabilidad en parcelas aptas para la edificación y que no requieren de obras urbanización.

Así, se permitirá que los solares o edificios con uso como alojamiento turístico u oficinas se destinen a viviendas protegidas. Además, se podrá aumentar la densidad de viviendas y edificabilidad en las parcelas residenciales si hay compromiso de que sean protegidas. En las parcelas para vivienda libre se podrá incrementar un 20% la densidad de viviendas y su edificabilidad de manera proporcional. Mientras, en las parcelas para vivienda protegida, el incremento también podrá ser del 20% y la edificabilidad del 10%.

Además, la Junta de Andalucía permitirá edificar viviendas protegidas en las parcelas, sin necesidad de modificar los instrumentos de ordenación urbanística, siempre que se respeten una serie de límites que garantizan el equilibrio entre los usos residenciales y los equipamientos y la adecuada integración de las actuaciones en el entorno urbano.

Las licencias para los proyectos de vivienda deberán solicitarse en un plazo máximo de dos años y las viviendas deberán construirse en un plazo de tres años. Para ello, será necesario un acuerdo municipal en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del decreto para aplicar las medidas en función del desequilibrio entre demanda de suelo para vivienda protegida y la oferta disponible.

En segundo lugar, se promueve la construcción de viviendas públicas en alquiler en parcelas de equipamientos, como ya establece la Lista. La novedad que incorpora este Decreto ley es que esta compatibilidad se podrá aplicar, sin necesidad de modificar los instrumentos de planeamiento, cuando las parcelas de equipamiento no tengan uso específico o estén calificadas con el uso genérico de interés público y social.

El plan de choque impulsado de la Junta de Andalucía también pone en marcha medidas como la posibilidad de incorporar promociones con un número significativo de viviendas protegidas a la Unidad Aceleradora de Proyectos, que supondrá una mayor agilización en su tramitación, con la condición de que los proyectos residenciales sean de, al menos, 250 viviendas protegidas. También podrá asignarse el desarrollo de suelo residencial que contemple más de 500 viviendas, con la correspondiente reserva de suelo para vivienda protegida y que implemente medidas adicionales de desarrollo urbano sostenible. Esta incorporación a la Unidad Aceleradora de Proyecto debe ir aparejado al compromiso del ayuntamiento de tramitar de urgencia todos los procedimientos de su competencia.

Las medidas impulsadas por la Junta de Andalucía buscan también la implicación de los promotores para que se involucren en la construcción de viviendas protegidas. Entre estas medidas está la creación de una bolsa de suelo, que se hará en colaboración con los municipios de más de 100.000 habitantes, para mostrar la disponibilidad existente para construir viviendas a precio asequible.

Los ayuntamientos tendrán tres meses para informar de los suelos que tienen de reserva de vivienda protegida, así como las parcelas que son susceptibles de acoger este tipo de viviendas. En paralelo, el promotor dispondrá un sistema ágil de convocatoria para selección de adjudicatarios de vivienda protegida, que se suma al registro de demandantes. Este sistema permite comenzar la precomercialización en caso de venta, para el acceso de los promotores a la financiación. Los ayuntamientos tendrán las competencias para desarrollar y simplificar más este procedimiento.

Además, los promotores podrán acceder a incentivos para la construcción. Por un lado, podrá acceder a los préstamos de los fondos europeos Next Generation para promover vivienda en alquiler asequible, que aporta mejores condiciones que las del mercado. De igual forma, la Junta de Andalucía abrirá nuevas convocatorias, la próxima este mismo año, de su línea de subvenciones para que los promotores construyan viviendas en alquiler asequible, con precios limitados, sobre suelos públicos o privados y que al menos se mantengan durante 20 años. Las subvenciones pueden alcanzar hasta 30.000 euros por vivienda que se construya.

Por último, el Plan Vive en Andalucía se alinea a los objetivos del plan de choque. De esta manera, se actualizan los coeficientes territoriales que determinan los precios máximos de la vivienda protegida en cada municipio para facilitar su construcción. Así, hay un primer grupo con las capitales de provincia, municipios de más de 25.000 habitantes, para que la diferencia con el precio de la vivienda libre sea, al menos, de un 25%; municipios con una demanda excepcional de vivienda, municipios que dan continuidad a los tejidos urbanos de las capitales o aquellos que tienen condiciones excepcionales por su actividad industrial o económica.

Igualmente, se amplían los destinatarios de viviendas protegidas, permitiendo que familias que no tenían ingresos suficientes para adquirir una vivienda libre puedan beneficiarse de estas políticas. Así, se amplía los límites de ingresos hasta 5,5 veces el IPREM para las viviendas de régimen general, y hasta 7 veces el IPREM en régimen de precio limitado.

El acceso a la vivienda de los andaluces ha sido una de las prioridades de la Junta de Andalucía en los últimos años. Desde 2019 se dio un giro a la política de vivienda bajo la premisa de impulsar la construcción de viviendas en alquiler a precio asequible. Así, se aprobó el Plan Vive en Andalucía de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana 2020-2030 y, posteriormente, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista), que ha permitido agilizar la tramitación de los planes urbanísticos y su ejecución.

Las medidas puestas en marcha hasta la fecha han triplicado la promoción de viviendas protegidas en Andalucía, con 12.000 viviendas desde 2019 hasta el tercer trimestre de 2024. La mayoría se han desarrollado a través de líneas de trabajo como un programa, pionero en Andalucía, de subvenciones a promotores públicos y privado. Desde 2019 se han tramitado 311 millones de euros en subvenciones para 154 promociones en alquiler a precio asequible. Las nuevas medidas pretenden duplicar el ritmo de construcción de viviendas protegidas en los próximos años.

La Consejería de Fomento prevé que no sólo suponga la reactivación del mercado con la construcción de 20.000 viviendas protegidas en cinco años, sino que suponga también un elemento de refuerzo de la economía andaluza. Para la consecución de este objetivo, se requiere de la participación de todo el sector: desde las diferentes administraciones, sobre todo los ayuntamientos, hasta los promotores públicos y privados, los agentes sociales y económicos, los colegios profesionales, las entidades financieras y las empresas de la construcción.

-Mercado de cruceros. La Junta de Gobierno de este viernes ha aprobado las licencias para la venta ambulante en el Mercado de cruceros que se instala en la plaza de San Juan de Dios. En concreto, se han concedido un total de 24 licencias que tendrán una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028.

-Donación de mapas y vistas de Cádiz. Por otro lado, se ha aprobado la aceptación de 39 grabados de mapas y vistas de Cádiz de los siglos XVI a XIX de la colección de Miguel Ángel García-Agulló Bustillo para su gestión por el Museo de las Cortes. Por ello, se va a firmar un convenio de donación, por lo que el Ayuntamiento muestra su agradecimiento ya que esta colección podrá ser disfrutada por toda la ciudadanía.

-Asuntos urbanísticos. En materia urbanística, se han aprobado tres licencias de obras para efectuar una división horizontal de vivienda en Alonso Cabo, 1; reforma de oficina para convertirla en tres viviendas e la avenida de Andalucía, 7; y construcción de 18 viviendas y dos locales en la calle José Cubiles, 40. Por otro lado, se ha aprobado un requerimiento de obras de seguridad en Fernández Shaw, 8; y dos de ejecución de la Inspección Técnica de Edificios: en Pastora, 2 y el reseñado en Javier de Burgos, 19.

-Ayudas sociales. En cuanto a las ayudas sociales, se han aprobado ayudas por valor de 40.563,76 euros de los que 31.462 son para 91 ayudas de emergencia social; 4.651 euros para 13 ayudas económicas familiares; 2.396 euros para 44 ayudas para el pago de la luz; y 2.053 euros para 29 ayudas para el pago del agua. Asimismo, se han aprobado 2 bonificaciones para pensionistas para el pago de la luz; 11 ayudas de cobertura energética anual, y 22 suministros de agua vitales.

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