El giro social de la Xunta

Si se le pregunta por el «giro social» de la Xunta, Beatriz Mato matiza: «Más que un giro social es una ampliación de nuestra política social». Pero en las últimas semanas, la lucha contra la desigualdad que la crisis ha agudizado, la prevención de la pobreza entre quienes jamás pensaron verse en un brete así o el intento de que la recuperación llegue a todos los hogares inunda la agenda de hasta seis de los ocho conselleiros del Gobierno autonómico, entre ellos la responsable de Traballo e Benestar.

Después de meses en el que el discurso lo copaban expresiones como «competitividad», «internacionalización» o «emprendimiento», estos términos mantienen su vigencia con otros más de andar por casa.

Este viraje se concreta en numerosas medidas que van desde las ayudas a evitar desahucios por impago de hipotecas o alquileres, convenciendo incluso a entidades financieras,al aumento del número de exentos del copago de fármacos, del que ya se beneficiaban 130.000 personas y al que ahora se suman 100.000 más. Muchos de estos beneficios alcanzaban ya a los más vulnerables de la sociedad, pero la voluntad es influir en otros muchos que, aun teniendo empleo o con salarios por encima de los mínimos, también sufren severas carencias. Son, en su mayoría, familias con niños o monoparentales.

Estos asuntos se han convertido en parte fundamental de los últimos consellos de la Xunta y casi a diario se van concretando nuevas iniciativas que se suman a otras iniciadas hace algún tiempo como el ticket eléctrico social para evitar cortes de luz en mitad del invierno. La vivienda es el eje que vertebra la mayor parte de los cambios.

Los bancos se suman

Alberto Núñez Feijóo ha sido capaz de convencer a tres entidades bancarias (Abanca, Sabadell Gallego y Caixa Rural) para evitar los desahucios de familias con rentas bajas que no pueden hacer frente a la hipoteca, situación que en Galicia se da con menos frecuencia que en la media estatal. Estas empresas comunicarán a la Xunta el problema y no tomarán decisiones hasta que esta encuentre una solución. Para ello se establecen «alquileres sociales» con un tope de 75 euros por un máximo de tres años y sin mudarse de casa. Se creará por primera vez un censo de viviendas vacías con obligaciones legales para las financieras y sus inmobiliarias, que además cederán algunas para desalojados por impago de alquiler o para familias con ingresos ínfimos.

En la misma línea, el gobierno autonómicoha incrementado con más oficinas y usuarios el programa Reconduce que asesora económica y jurídicamente a quienes están a punto de perder su techo, aunque en Galicia solo se produjeron el 2,39 por ciento de los desahucios de toda España durante 2014. Ya a finales de ese se aprobó la estrategia de inclusión social que regirá en la región hasta 2020, con 520 millones y 300 medidas, varias de las cuales pasan a integrarse en el nuevo plan.

Un etcétera muy diverso

En esa lista están las ayudas para la adquisición de libros de textos, las ayudas al alquiler o a universitarios con contratiempos económicos repentinos, los incentivos a empresas de inserción laboral, el convenio con la Federación Gallega de Bancos de Alimentos y la Fegamp para que los menores puedan comer con normalidad una vez terminado el curso escolar, o las Ayudas de Inclusión Social (AIS) para familias con menores a su cargo en situaciones de emergencia y necesidad social.

Todavía se añadirán más medidas, pues el grupo de trabajo constituido entre todos los departamentos de la Xunta solo ha mantenido sus dos primeras reuniones. Pero con una semana en vigor, la intención de democratizar la recuperaciónpara que todos la perciban va dando sus primeros frutos.