Alertan de que 450.000 gallegos no pueden pagar la factura de la luz

El BNG llevó ayer al Parlamento autonómico la extrema situación a la que se enfrentan casi medio millón de gallegos, incapaces de hacer frente a sus facturas de la luz. En concreto, la diputada nacionalista Carme Adán cifró en 455.000 las personas que no pueden pagar los recibos eléctricos en la Comunidad, según los datos recogidos en la Encuesta de Condiciones de Vida. Si se tiene en cuenta todo el territorio español, y tal y como publicaba ABC hace escasos días, este número asciende a los cuatro millones de personas, quienes deben escoger entre encender la luz y poner la calefacción o satisfacer sus necesidades básicas.

Todos ellos padecen «pobreza energética», un término que se empezó a usar cuando esta situación empezó a adquirir el cariz de «lacra social», pero aún carente de definición oficial en España.

Precisamente, la reforma planteada por el Bloque iba en esa dirección, pues su intención pasaba por incluir este concepto en la ley de protección general de las personas consumidoras y usuarias. El PP rechazó la propuesta al considerar que el término adecuado es el de «vulnerabilidad» eléctrica, «un mal social terrible» ante el que los populares muestran su «compromiso inquebrantable», remarcó Hipólito Fariñas.

Marco común europeo

El parlamentario del PPdeG recordó la herencia recibida, en forma de déficit tarifario, del gobierno de Zapatero, puso en valor las medidas llevadas a cabo tanto por el Gobierno —bono social— como por el Ejecutivo Feijóo —ticket eléctrico para ayudar en el recibo a las familias más vulnerables— e instó a establecer un modelo energético único en toda Europa. «Es imprescindible», aseguró, pues eso implicaría que todos los países de la UE se situarían en el «mismo nivel de precios de la energía doméstica y de competitividad de las empresas».

Pero mientras ese punto de encuentro no llega, Fariñas advirtió que «deben ser los estados los que regulen esta cuestión para alcanzar un marco común que permita la igualdad entre todos los consumidores y no 17 distintos dependiendo de la comunidad en la que residas». La propuesta del BNG chocaría con esta máxima, pues además de introducir el concepto de pobreza energética en la ley gallega, también planteaba una serie de medidas específicas tales como que la Xunta se hiciese cargo de las facturas de gas y electricidad de los usuarios en riesgo de vulnerabilidad.

Los grupos de la oposición criticaron con dureza la posición de los populares. Los socialistas desdeñaron el ticket energético por «insuficiente» mientras AGE y Bloque negaron que la problemática fuese un «mal» —como sostuvo el PP—, sino una «consecuencia» de las políticas actuales.