El Parlamento pedirá que Contas refuerce el control de los entes públicos

La reforma de la ley que regula la actividad del Consello de Contas gallego es una de las comprometidas por el Gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo e n el marco de sus medidas de «impulso democrático», y los grupos que conforman el Parlamento ya empiezan a poner sobre la mesa sus sugerencias para la confección del texto. Todas ellas se encaminan hacia que en el plan de trabajo para el presente ejercicio se contemple un aumento en la labor fiscalizadora del organismo con un mayor control sobre los entes públicos.

El grupo popular, mayoritario en O Hórreo, ha subrayado este sábado que trabaja para que la proposición que presentará contribuya «a reforzar sus competencias, su independencia, eficiencia y la capacidad de cooperación con otras instituciones».

Además de indicar su apertura a las posibles enmiendas que estén dispuestos a presentar los miembros de la oposición, los populares avanzaron que el nuevo texto prevé la creación de una sección específica para prevención de la corrupción en el sector público.

Este departamento controlará tanto las actividades económicas y financieras de los partidos políticos como el patrimonio de los altos cargos de la Xunta, y a él se podrán dirigir los ciudadanos y asociaciones para denunciar irregularidades que observen en este ámbito. Otras de las peticiones del PP será que Contas examine los procesos de incorporación de personal en los organismos públicos y analice su adecuación en el desempeño de sus labores, así como que se estudie la evolución del gasto farmacéutico de la Comunidad gallega.

Comparecencia en pleno

Por parte del grupo socialista, se solicitará un análisis de la relación de cada una de las entidades instrumentales dependientes de la Xunta y se verifique tanto la necesidad de su existencia como el cumplimiento de sus funciones. Por otra parte, las administraciones local y provincial parece que serán foco de muchas de las peticiones. AGE, por ejemplo, solicitará que se controlen los servicios externalizados por los concellos y el Bloque que se realice una «fiscalización exhaustiva» de las cuentas de las cuatro diputaciones.

Además, se establecerá la obligatoriedad de comparecencia previa en el Parlamento de los candidatos al Consello de Contas y se someterá a los miembros que lo integren al mismo régimen de transparencia que a los cargos del ejecutivo autonómico.