Rivas se refugia en un informe municipal para justificar la venta de hormigón al Concello

El concejal vigués de Parques y Jardines, imputado por presunta prevaricación y negociaciones prohibidas para funcionarios, se escudó este lunes ante la juez en un informe del secretario municipal —encargado motu proprio tras su nombramiento como edil— que avala la compatibilidad de su cargo con el de responsable de una empresa de hormigones (renunció como tal en junio de 2012). Un mes después de que trascendiera su situación procesal, el también secretario de organización del PSOE de Vigo, rompía ayer su silencio. «Todo ha ido como tenía que ir», señaló Ángel Rivas a su salida del juzgado.

Esta investigación tiene su origen en una denuncia formulada por el PP hace ahora dos años. La Fiscalía vio entonces indicios de irregularidades en la contratación de Hormigones Valle Miñor (empresa de la que Rivas era gerente) por parte de las adjudicatarias de varias obras de humanización en Vigo.

Precisamente, fueron estas adjudicaciones las que centraron buena parte del interrogatorio de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad olívica, pues se da la circunstancia de que Rivas era miembro de la Junta de Gobierno local cuando se fallaron. Con todo, tanto el edil socialista como el jefe de área de la Concejalía de Urbanismo de Vigo, Álvaro Crespo —también imputado—, defendieron que los expedientes sospechosos «se ajustaron a la legalidad vigente y en ningún momento se transgredió norma alguna».

«Punto por punto pudimos contestar a las dudas planteadas por la Fiscalía», confirmó Carlos Borrás. El abogado de Crespo, que habló en nombre de su patrocinado, hizo hincapié en que el recurso del reconocimiento extrajudicial de crédito, en el que se centra la investigación a favor de varias empresas entre las que se encuentra Movexvial, es una figura legal.

Es más, el letrado, ofreció como dato que de los 84 millones de euros que su cliente visó entre 2008 y 2012 (periodo al que pertenecen los expedientes objeto del proceso), se aprobaron reconocimientos extrajudiciales de crédito por 1,3 millones de euros; el 1,55 por ciento del total.

El técnico de Urbanismo defendió así ante la juez la legalidad de los procedimientos en actuaciones que Borrás calificó de necesarias y, en algunos casos, urgentes. Razón por la que el abogado tildó de «excesiva» la denuncia por parte de la Fiscalía sobre el uso de esta figura como «práctica habitual».

«Abuso excesivo»

Para el Ministerio Público el Concello (en 2012 se destinaron seis millones de euros a conceptos que no estaban previstos en el documento contable —reconocimientos extrajudiciales de crédito— y más de 9,5 a indemnizaciones sustitutivas o convalidaciones de gasto) no solo abusó de esta figura contable, sino que, en algunos casos, la aplicó en procedimientos supuestamente irregulares desde el punto de vista administrativo.

Se refiere en este último punto la Fiscalía a varias actuaciones, entre las que figuran las obras de una rotonda entre las Islas Baleares y Gran Vía, mejoras en la ETEA o la humanización del entorno de Povisa. Obras en las que coincide la empresa adjudicataria; Movexvial (actualmente Civisglobal).

En base a lo expuesto, Borrás confía en que se archive la causa contra Crespo. Por delante, el próximo miércoles, queda tomar declaración a los otros dos imputados, el exadministrador y un apoderado de Movexvial.