Las claves del error de Pedro Sánchez al elegir Valencia como paradigma de la corrupción

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz -principal valedora de Pedro Sánchez al frente del PSOE- desautorizó ayer indirectamente tanto al nuevo secretario general de los socialistas como al líder del PSPV, Ximo Puig, por mostrarse excesivamente permisivos con los cargos imputados de la federación socialista valenciana.

En lo que pretendía ser una crítica al PP ( «esto no es ni Madrid ni Valencia»), la dirigente andaluza dejó en evidencia a Sánchez y a Puig por negarse el pasado miércoles a concretar medidas disciplinarias contra sus imputados - tal como publicó ayer ABC-, mientras exigen lo propio a los populares. Díaz anunció ayer que cualquier socialista que resulte imputado va a tener que dejar el escaño. «Esto no es ni Madrid ni Valencia y no va a haber imputados sentados en los escaños».

Un argumento qu e choca de bruces con la permisividad de Puig respecto a los dirigentes de la formación procesados -como el «número tres» del PSPV, José Manuel Orengo, o el alcalde de Montroi, Antonio Polo- e imputados -como el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, quien además repetirá como candidato a la Alcaldía en 2015-.

Estos son los principales casos judiciales que afectan al PSPV y ante los que Pedro Sánchez evitó responder el mismo día que presentaba en Valencia las medidas contra la corrupción del PSOE:

José Manuel Orengo, procesado por prevaricación

El exalcalde de Gandía, que en la actualidad ejerce como portavoz en la oposición, fue situado como «número tres» del PSPV por el secretario general, Ximo Puig, en el congreso donde se impuso a Jorge Alarte. El juez acaba de dictar un auto de procesamiento por prevaricación, al considerar que en su etapa como alcalde Orengo contrató créditos nuevos y refinanciaciones por valor de 50 millones de euros sin autorización de la Conselleria de Hacienda, y con el informe negativo de su interventor. Aunque está a un paso del juicio oral, Puig no tiene previsto tomar medidas y defiende que su caso no es corrupción.

Agustín Navarro, imputado por malversación

El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, llegó a la Alcaldía en 2009 con una moción de censura con un tránsfuga, pese a lo cual repitió como candidato del PSOE en 2011 y gobierna en minoría con el apoyo de tres concejales liderados por una expopular, Gema Amor. En marzo de este año declaró ante el juez imputado por malversación, prevaricación y tráfico de influencias al contratar a 47 afines al PSOE «a dedo» o en oposiciones en las que no se observó la libre concurrencia (y que luego han sido anuladas). Pese a que sigue imputado por los citados delitos, el PSPV ya lo ha confirmado como candidato, de nuevo, en las elecciones de 2015.

Antonio Polo, procesado por delito urbanístico y estafa

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Picassent ha procesado al alcalde de Montroi, Antonio Polo (PSPV), al exalcalde, el popular Francisco Javier Carrión, y a otras 17 personas más acusadas de la construcción y venta de chalés (en forma de villas) en suelo no urbanizable, mayoritariamente a extranjeros, en la localidad valenciana, de apenas 2.900 habitantes. En lugar de un campo de golf o de un lago, tal y como se prometía, algunas viviendas se edificaron sobre viales o caminos agrícolas y no disponían ni de luz ni de agua potable. El auto de procesamiento se dictó el 29 de septiembre.

Raúl Valerio, imputado por contratos irregulares

El caso más reciente que se ha destapado, esta misma semana, es el de Bigastro, donde la Inspección de Trabajo ha sancionado al Ayuntamiento con 60.000 euros por contrataciones fraudulentas de 45 trabajadores en el campo con falsas cotizaciones a la Seguridad Social. El engaño se produjo entre 2002 y 2011, cuando gobernaban José Joaquín Molla y Raúl Valerio. El primero ya fue condenado por prevaricación a ocho años de inhabilitación. El segundo es portavoz del PSPV en la oposición y diputado provincial, y está imputado en otras causas. Gastó 24.000 euros sin justificar con la tarjeta de Alcaldía, hecho que ha sido denunciado a la Fiscalía.