La macrocausa por tráfico de medicamentos destapada en Teruel suma ya 85 imputados

La operación Convector desplegada por la Guardia Civil hace casi un año contra el tráfico ilícito de medicamentos se ha convertido en una macrocausa judicial que ya suma 85 imputados. Las diligencias se siguen desde mayo del año pasado en el juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, que continúa sumando nombres a la lista de imputados por este caso.

Esta misma semana han comparecido ante el juez dos directivos de la empresa Euroserv S.A., conocida firma nacional de distribución de productos farmacéuticos.

En la larga lista de imputados hay tanto personas físicas como jurídicas. Mientras sigue adelante la instrucción, todos ellos permanecen como presuntos implicados en una trama que, según las investigaciones, habría sido responsable de un fraude masivo mediante la compra-venta ilícita de medicamentos con destino a la exportación.

En las investigaciones, coordinadas por el juzgado número 3 de Teruel y desarrollada por la Guardia Civil, participa también la Agencia Nacional del Medicamento.

Será cuando concluya la instrucción judicial y se cierre el sumario cuando se detalle finalmente el número de imputados que se enfrentarán a juicio oral y qué cargos pesan contra ellos.

La red habría tejido una trama de compra fraudulenta de medicamentos en farmacias compinchadas, para venderlos luego en países en los que, de media, el precio de venta al público de esos fármacos es el doble, el triple... hasta un 800% más en algunos casos, según indicaron a ABC fuentes de la investigación.

Entre los imputados hasta el momento hay un amplio número de farmacias de varias provincias, así como almacenes y distribuidores farmacéuticos.

El caso se destapó hace un año, a raíz de la queja planteada por un jubilado. Había pasado unos días en la pequeña localidad turolense de Palomar de los Arroyos (Teruel). En la farmacia de este municipio compró medicamentos que le recetan para sus patologías crónicas. Cuando regresó a Zaragoza y acudió a su farmacia de la capital aragonesa para volver a comprar el medicamento, el ordenador que las boticas tienen conectado al sistema público de salud indicaba que recientemente ya se le había dispensado ese fármaco.

Eso puso sobre la pista de que se podía estar realizando un fraude utilizando datos de pacientes para extender recetas falsas con las que justificar el desvío de ciertos fármacos.

La primera farmacia que las autoridades intervinieron y clausuraron de forma preventiva fue la de Palomar de los Arroyos, a la que conforme avanzó la investigación se fueron sumando numerosas farmacias más de Teruel y de Zaragoza.

Las pesquisas de la Guardia Civil detectaron que era una red que se extendía también por otras muchas provincias españolas.