El fraude por tráfico de medicamentos afecta ya a cinco comunidades autónomas

La macro operación emprendida por la Guardia Civil el pasado mes de mayo contra el tráfico ilegal de medicamentos en España afecta ya a cinco comunidades autónomas y siguen produciéndose nuevas detenciones. El número de imputados roza ya los 40 en un caso que instruye el juzgado de Instrucción 3 de Teruel y que investiga la Guardia Civil desde la pasada primavera, a raíz de que un jubilado de Zaragoza pusiera sobre la pista de un fraude en la dispensación de recetas del que él fue víctima.

Eso abrió la investigación sobre la farmacia de Palomar de Arroyos (Teruel) y la Guardia Civil detectó anomalías que le hicieron sospechar de una red de tráfico ilegal de medicamentos. Las sospechas se han ido sustanciando desde entonces con sucesivas detenciones, imputaciones e intervenciones de almacenes farmacéuticos y de boticas.

En los últimos días se han producido seis nuevas detenciones, y fuentes de la investigación dan por hecho que se producirán más en lo sucesivo, conforme vaya avanzándose en el análisis de la abundante documentación intervenida hasta el momento en los registros realizados durante todos estos meses. De hecho, ven más que probable que la operación siga extendiéndose a más comunidades autónomas, ya que consideran que se trataba de una red que actuaba de forma generalizada en España.

Desde que arrancó la investigación han sido imputadas por la Guardia Civil 38 personas, y ha intervenido 18 farmacias y siete almacenes, si bien sobre tres de ellos se ha levantado la imputación en el juzgado.

La última operación se ha desarrollado en dos farmacias y un almacén de Sevilla, en un almacén de la provincia de Alicante y en una farmacia de la provincia de Cuenca.

Previamente, las investigaciones llevaron a la Guardia Civil a establecimientos de las provincias de Zaragoza, Teruel, Barcelona, Granada, Málaga y Valencia.

En total, hasta el momento son cinco comunidades autónomas a las que se ha extendido la operación de la Guardia Civil contra la que considera la mayor red de tráfico ilegal de medicamentos destapada hasta la fecha en España.

La red, según los investigadores, basaba su funcionamiento en la denominada «distribución inversa» de medicamentos: las farmacias desviaban fármacos de forma ilegal a almacenes, que los canalizaban luego a la exportación irregular en países en los que su precio se multiplicaba, llegando a obtenerse diferencias de hasta el 800%.