Turquía despide a casi 4.500 funcionarios más en un nuevo decreto bajo el estado de emergencia

La purga que nunca termina. A punto de cumplirse siete meses del intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio, las autoridades turcas continúan «limpiando el virus golpista», según las palabras del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Tras un nuevo decreto ejecutivo, aprobado bajo el marco extraordinario del estado de emergencia, otros 4.464 empleados públicos han sido despedidos. Todos ellos están acusados de tener vínculos con la red de Fethullah Gülen, el teólogo musulmán residente en Estados Unidos al que Ankara acusa de haber organizado el levantamiento militar. La respuesta del Gobierno, en forma de purgas masivas, no deja de aumentar. Hasta el momento más de 125.000 ciudadanos turcos han sido expulsados o suspendidos de empleo.

El último decreto, publicado a última hora de la noche de ayer, se ha cebado con el ministerio de Educación.

Más de la mitad de los afectados, 2.585, son funcionarios de este organismo. Entre estos se encuentran 330 académicos. Algunos de ellos, como, Ibrahim Kaboglu, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Mármara, se habían mostrado críticos con el poder al denunciar violaciones constitucionales por parte del islamista y gobernante AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo).

No obstante, en otras ocasiones los despidos han golpeado entre seguidores acérrimos de Erdogan. Poco después de publicarse el decreto, los tuits de protesta de Nihat Özmen, que se identifica como votante del AKP, se han convertido en virales. «Hasta ahora si el Reis [líder, como denominan a Erdogan los más fervientes seguidores] me hubiese dicho que muriera, yo habría muerto».

El mundo de la educación es, sin duda, uno de los que más ha sufrido las purgas de Erdogan. Las masivas purgas no solo han fulminado la vida profesional de funcionarios y académicos, sino que también han supuesto el cierre de más de 2.000 universidades, escuelas y residencias de estudiantes.

El decreto de anoche, además, ha dictado el despido de 893 trabajadores de la Gendarmería, 417 de Directorio General de Seguridad, 49 del Ministerio del Interior, 48 del de Exteriores y 10 funcionarios de la judicatura.

El Gobierno asegura que la purgas son necesarias porque los seguidores de Gülen «se han infiltrado en las instituciones del Estado». En lo que los mandatarios turcos no insisten tanto es en el hecho de que hasta finales de 2013 el entonces primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, y el ahora enemigo público número uno, Fethullah Gülen, formaron una estrecha alianza en contra de las elites militares y burocráticas de corte secular.