«Tories» euroescépticos piden a May que garantice ya los derechos de los comunitarios

El influyente Comité del Brexit de la Cámara de los Comunes ha emitido un informe este domingo en el que diputados de los tres mayores partidos piden a Theresa May que garantice ya los derechos de los tres millones de ciudadanos comunitarios que residen en el Reino Unido, condenados a vivir «en una nube de incertidumbre».

El Gobierno ha repetido que tiene la intención de hacerlo, pero no por ahora. Su argumento es que resolver ya el asunto debilitaría su posición en la negociación con la UE, que en teoría empezará en breve, pues May quiere activar a finales de este mes el Artículo 50 del Tratado de Lisboa que inicia la salida.

El problema para la primera ministra es que entre quienes firman el informe del comité del Brexit figuran varios pesos pesados de la bancada conservadora.

Algunos son euroescépticos, pero entienden que el Gobierno no puede seguir jugando con las vidas de comunitarios perfectamente asentados en el Reino Unido. Entre ellos aparece incluso Michael Gove, que junto a Boris Johnson capitaneó la triunfal campaña del Leave y quien disputó a May sin éxito la carrera por la sucesión de Cameron.

El presidente de comité es un laborista moderado y muy respectado, Hilary Benn, quien ha puesto en valor la contribución de los comunitarios: «Los ciudadanos de la UE que han venido a vivir y trabajar aquí han contribuido enormemente a la economía y la vida cultural del Reino Unido. Han trabajado duro, han pagado impuestos, se han integrado, han creado familias y echado raíces». Por todo ello, considera que May «no los puede usar como moneda de cambio en las negociaciones».

España, destino principal

El Ejecutivo ha reiterado que está de acuerdo en garantizar los derechos de los comunitarios, pero «tan pronto como podamos» y siempre que la UE haga lo mismo con los 1,2 millones de británicos expatriados en el continente, el mayor número en España (308.800 según los estudios de Londres). Frente a esa postura, Benn replica al Gobierno que no puede tener a esas personas y familias «en una nube de incertidumbre».

El comité del Brexit de los Comunes exige también al Gobierno que reforme la kafkiana burocracia que hay que afrontar a día de hoy para obtener un permiso estable de residencia. Los comunitarios del Reino Unido tienen que rellenar un formulario de 85 páginas. El comité concluye que si los tres millones quisiesen hacer el trámite harían falta 140 años para dar cuenta de todo el papeleo, cuando está previsto que el Brexit se complete en solo dos años.

La pasada semana, la Cámara de los Lores, donde el Gobierno no tiene mayoría, provocó la primera derrota de May en la tramitación de la ley del Brexit. Los lores aprobaron por 358 votos a favor y 256 en contra una enmienda para que se garanticen ya los derechos de los comunitarios. Ahora ese punto tendrá que ser ratificado en la Cámara de los Comunes, donde el Gobierno aspira a tumbarlo haciendo uso de su mayoría allí, lo que ya no parece tan fácil tras el informe del comité del Brexit. Algunos diputados tories podrían rebelarse y votar con liberales y laboristas a favor de los comunitarios.

El Gobierno da por seguro que la tramitación parlamentaria de la Ley del Brexit, un texto muy sencillo, de solo 137 palabras, no demorará su calendario de salida ni la activación a finales de este mes del artículo 50. Pero lo cierto es que el panorama se ha enturbiado para la primera ministra. En las elecciones de Irlanda del Norte, celebradas la semana pasada, el Sinn Féinn republicano, activo defensor de la permanencia en la UE, subió un 4% y se quedó a solo un escaño del ganador de los comicios, el unionista y euroescéptico DUP, que perdió diez diputados. Ese nuevo equilibrio de fuerzas hará que Irlanda del Norte, donde ganó la permanencia en el referéndum, pelee contra el Brexit duro de May, un poco en la línea de lo que está haciendo Escocia.

Otro nubarrón para la primera ministra es la compra por parte de PSA, multinacional francesa, de Opel y Vauxhall. El Brexit duro podría poner ahí en riesgo 4.500 empleos británicos bien pagados en la industria de la automoción, amenazada toda ella por la aventura nacionalista del Leave.