Pena de muerte en el mundo: aumentan las ejecuciones un 20% y las condenas en casi un 40%
La pena capital es utilizada como un instrumento de represión estatal y en la lucha contra las drogas, violando el derecho internacional, según un informe de Amnistía Internacional
La caída de las restricciones por el Covid en 2021 hizo que «los verdugos volvieran a las andadas». Así, el año pasado tuvieron lugar 597 ejecuciones repartidas en 18 países, lo que supuso un incremento del 20% respecto al año anterior, según el informe hecho público por Amnistía Internacional (AI) este martes.
«A medida que las restricciones introducidas para responder a la pandemia de Covid-19 se levantaron total o parcialmente y se establecieron procesos alternativos, se tuvo constancia de un número de condenas a muerte muy superior al de 2020 en varios países, como Bangladés, India y Pakistán», indica el informe, que señala cómo este tipo de condenas son utilizadas como instrumento de represión contra minorías y manifestantes. Así, AI denuncia el «aumento alarmante» del recurso a la pena de muerte en virtud de la ley marcial en Myanmar, que dio lugar a que 90 personas fueran condenadas a muerte arbitrariamente, «en varios casos sin que los encausados estuvieran presentes, en lo que se percibió generalmente como una forma de atacar a oponentes políticos y manifestantes».
#PenaDeMuerte en 2021:
— Amnistía Internacional España (prensa) (@AIPrensaESP) May 24, 2022
1⃣ Aumentan las ejecuciones en Irán y Arabia Saudí
2⃣ 579 personas fueron ejecutadas, la segunda cifra más baja desde 2010
3⃣ La relajación ante el COVID-19 aumenta las condenas a muerte: 2.052https://t.co/faFl6gn49J a través de @amnistiaespana
La mayoría de las ejecuciones recogidas por el informe de AI tuvieron lugar en China -del que se desconoce la cifra exacta debido a la opacidad del régimen-, Irán, Egipto, Arabia Saudí -donde se han duplicado las ejecuciones- y Siria. La falta de datos y de transparencia también se aplica a países como Corea del Norte y Vietnam. Los principales métodos de ejecución utilizados en todo el mundo en 2021 fueron la decapitación, el ahorcamiento, la inyección letal y por arma de fuego.
«Tras el descenso de sus cifras de ejecuciones en 2020 , Irán y Arabia Saudí volvieron a incrementar el uso de la pena de muerte durante el año pasado, llegando a violar sin reparos las prohibiciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos. Su afán por poner a trabajar al verdugo no parece que haya remitido en los primeros meses de 2022», señala Agnès Callamard , secretaria general de Amnistía Internacional, en un comunicado.
Violación del derecho internacional
Según AI la violación del derecho internacional habría sucedido en Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Camerún, Egipto, Irán, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Singapur, Somalia y Yemen. Estas violaciones incluyen la muerte de al menos cuatro personas (tres en Irán y una en Yemen) que eran menores -c omo Mustafá al Darwish - cuando cometieron los delitos por los que fueron castigados; también las muertas de aquellas que fueron ejecutadas por delitos -relacionados con drogas - que no deberían estar penados con la pena capital pues «no había existido intención de matar». En este último caso, AI tuvo constancia de al menos 134 ejecuciones en China e Irán. Una cifra que multiplicó por cinco la de 2020 y supuso el 23% del total de ejecuciones en 2021, con un incremento de 30 ejecuciones sobre las registradas por este motivo en 2020.
Más condenas
Otro de los datos más llamativos del documento es el incremento de sentencias de muerte dictadas en 2021, que, según la ONG, sería de 2.052 en 56 países, lo que supone un 39% más que el año anterior, en el que se dictaron 1.477 en 54 países. El repunte se da en países como Bangladés (al menos 181, frente al menos 113 en 2020), India (144, frente a 77) y Pakistán (al menos 129 frente al menos 49).
Al concluir 2021 se tenía constancia de al menos 28.670 personas condenadas a muerte.
«En lugar de aprovechar las oportunidades surgidas a raíz de las interrupciones de 2020, un reducido número de Estados demostró un entusiasmo preocupante al optar por la pena de muerte en lugar de por soluciones efectivas frente a la delincuencia, mostrando un cruel desprecio por el derecho a la vida a pesar de las urgentes y continuas crisis mundiales de derechos humanos», denuncia Callamard.
Bielorrusia incorpora la pena de muerte
Uno de esos estados es Bielorrusia , alineado con Rusia en la invasión de Ucrania, que ha implantado la pena capital para castigar lo que considera «intentos de llevar a cabo actos terroristas». En un comunicado emitido la semana pasada, AI denunciaba la situación en el país: «En un clima político de represión sofocante, quienes se oponen al gobierno se enfrentan ahora a la perspectiva de recibir un disparo si osan protestar». Al mismo tiempo que pedía al Gobierno de Lukashenko «que abandone de una vez por todas esta pena cruel, inhumana y degradante, y que ponga fin a su vergonzosa campaña de persecución de opositores políticos y activistas de derechos humanos.»
Como hace todos los años, AI también ha querido dejar constancia de los pasos positivos que han dado algunos países respecto ala pena de muerte, con la abolición de esta, por ejemplo en el estado de Virginia de EE.UU. o en Sierra Leona; o refiriéndose a aquellos donde mantienen la moratoria para no realizar ejecuciones, como sucede en Rusia, Gambia, Kazajistán, Malasia y Tayikistán . Por segundo año consecutivo, el número de países de los que hay constancia de ejecuciones fue el más bajo desde que Amnistía Internacional comenzó a elaborar sus registros.
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