Hungría someterá a referéndum la política europea de los refugiados

«¿Quiere que la Unión Europea disponga, sin el consentimiento del Parlamento (de Hungría) sobre el asentamiento de ciudadanos no húngaros en Hungría?». Esa será la pregunta que los húngaros responderán en referéndum el próximo 2 de octubre, a modo de moción de censura a una decisión tomada en el seno de Bruselas y que las autoridades de Budapest presentan como ajena. Alemania prefiere no cargar las tintas y la canciller Merkel ha minimizado las consecuencias del anuncio del referéndum diciendo que «no espero que el resultado del referéndum cambie en lo sustancial la situación».

El gobierno del conservador Viktor Orbán, que se opone firmemente al reparto de refugiados por cuotas, hará campaña a favor del «no», argumentando que no basta con reforzar la seguridad de las fronteras y avanzando en la deriva nacionalista a la que se han sumado hasta ahora Eslovaquia, Polonia y la República Checa.

Orbán votó en contra de los planes de relocalización de 160.000 inmigrantes en el territorio europeo, pero la propuesta fue aprobada por la mayoría de los estados miembros, lo que llevó a Budapest a unirse a Eslovaquia para lanzar un desafío legal al plan en la Corte de Justicia Europea. A comienzos de este año, y ante la abrumadora derrota, Orban ya avanzó que sometería el tema a votación popular, pero solamente se ha atrevido a materializar la amenaza tras conocer el resultado del referéndum en Reino Unido.

«Los húngaros serán los primeros en la Unión Europea que podrán expresar su opinión sobre las políticas de Bruselas en el tema de inmigración», dijo el presidente del gabinete del Jefe de Gobierno, Antal Rogán, tras anunciar la convocatoria, «hay que decir no a las políticas de Bruselas y no basta fortalecer la defensa de las fronteras».

La Unión Europea está discutiendo en estos momentos cambios en las leyes de asilo que permitirían requerir a los Estados miembros aceptar una cuota de refugiados o pagar una cantidad de dinero compensatorio, en caso de negación, que permita financiar que estas personas puedan ser acogidas en otro lugar. Orban, sin embargo, niega la mayor y evita utilizar la palabra «acogida» en beneficio de otras expresiones como «plan de asentamiento».

El partido en el poder Fidesz ya impulsó el pasado otoño un cierre de la frontera sur para detener a los refugiados que entraban en el país desde Serbia y Croacia. Desde esa fecha, la legislación húngara penaliza con hasta 5 años de cárcel el cruce ilegal de las fronteras. Además, a partir de hoy, las autoridades húngaras aplican una polémica reforma legal que permite trasladar a los refugiados interceptados cerca de las fronteras al otro lado de las vallas fronterizas para evitar que cursen la correspondiente solicitud de asilo.