López Obrador promueve una consulta popular para juzgar a expresidentes mexicanos

La extensa cuestión a la que se enfrenta el pueblo mexicano el domingo 1 de agosto es extensa, pero en su mensaje subyace un juicio paralelo a los expresidentes Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña (2012-2018): «¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?». Todo augura que la abstención será muy alta pese a que para la respuesta con un sí o un no a la pregunta, formulada por el Gobierno, se han impreso de 93,5 millones de papeletas por el Instituto Nacional Electoral.

La primera vez que se usa el recurso de la consulta popular, registrada en la Constitución mexicana, otorgará a la ciudadanía la posibilidad de manifestar su opinión sobre la apertura de procesos penales contra actores políticos del pasado. Afectaría directamente a los expresidentes mencionados en el poder antes de 2018, justo el año cuando arribó al poder López Obrador, tomando el relevo en una aplastante mayoría con el 53% de los votos, 30 puntos más que sus adversarios Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Quizá el presidente querrá imitar los procesos suizos, en donde la iniciativa popular es un derecho civil, pero en el caso del país alpino es promovida por los ciudadanos no como la votación que nos ocupa en México que ha sido auspiciada por el propio López Obrador . Los pormenores o defectos de la pregunta son evidentes ya que deja al pueblo la opción de juzgar una trayectoria política que debería recaer sobre la justicia.

Una participación de un 40% del censo es el requisito indispensable para que sea vinculante, algo que no parece que vaya a suceder ante la poca publicidad de la consulta más allá de los comentarios de AMLO lanzados desde su Mañanera. La Fiscalía y el Gobierno deberían ser los que promuevan la justicia que con esta elección que se deja en manos del electorado.

El planteamiento torna a curioso en un país donde el principal problema proviene de la impunidad e inseguridad como uno de los mayores problemas de México, tal y como hizo constar Michel Forst, Relator Especial de Naciones Unidas, en una visita al país azteca en 2017. La corrupción política es más complicada de contabilizar por lo que se suele medir con encuestas de ciudadanos y la opinión de expertos. Según un estudio de Deloitte, el 88.8% del pueblo mexicano siente que la corrupción se produce de manera frecuente. Tal y como planteó en Expansión, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, AMLO recurre diariamente al tema es sus comparecencias tildando la corrupción de “un factor principal que inhibió el desarrollo social y cultural de México, pero los primeros 31 meses de la Administración Obrador no se ha traducido en acciones y hechos contundentes” para disminuirla.