López Obrador creará una comisión de la verdad para investigar el caso Ayotzinapa

Con esta decisión, el mandatario cumpliría así con una sentencia emitida en junio por un tribunal federal en Tamaulipas

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador REUTERS

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Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente de México, ha prometido a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que creará una comisión de la verdad para investigar qué ocurrió en la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los jóvenes desaparecieron en el municipio de Iguala , en el estado de Guerrero. «El 1 de diciembre vamos a emitir un decreto para crear la comisión de investigación», anunció López Obrador después de mantener una reunión con los padres de los estudiantes. Es importante señalar que el 1 de diciembre es la fecha en la que tomará posesión como presidente de México, por lo que esta podría ser su primera decisión como Jefe de Estado hasta el año 2024.

El compromiso de López Obrador supone un rayo de esperanza para los desesperados padres que rechazan férreamente la versión oficial, debido a que al menos 34 personas fueron torturadas por las autoridades mexicanas durante la investigación del caso, según se desprende de un informe realizado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que fue publicado en marzo de este año. «La evidencia colectada mediante actos de tortura no ha sido excluida como prueba por parte de las autoridades judiciales, no obstante, la cantidad de indicios que apuntan a la comisión de dichos actos», dice el documento.

Con esta decisión, López Obrador cumpliría así con una sentencia emitida en junio por un tribunal federal en Tamaulipas que ordenó establecer una comisión de la verdad para aclarar qué ocurrió hace cuatro años con los estudiantes. El tribunal, en su sentencia, tomó su decisión de volver a investigar el caso al justificar que «hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura», tal y como aseverá el informe de Naciones Unidas. A su vez, concluyó que era necesario crear una comisión porque «en México no se cuenta con una Fiscalía independiente», rezaba el fallo.

La sentencia recibió el rechazó de la Fiscalía federal, organismo que criticó que el fallo suponía una grave violación de la división de poderes. Por su parte, el gobierno del todavía presidente Enrique Peña Nieto, no ha movido ningún hilo ni promovido iniciativa alguna para reabrir este polémico caso en 2014 que significó un punto de quiebre entre su Ejecutivo la sociedad mexicana. Es más, su gobierno ha presentado más de 200 recursos judiciales justificando por qué no se puede crear dicha comisión. Sin embargo, el caso volverá abrirse mediante un decreto que ya prepara el equipo de López Obrador.

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