Coronavirus

Grecia endurece su postura contra la inmigración ilegal

Habrá once mil deportaciones lo antes posible

Menores viajando no acompañados viajando desde Grecia al Reino Unido el pasado lunes

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El ministro de Migración griego, Notis Mitarakis, ha declarado que nada más abrirse las fronteras cerradas por las medidas contra el Covid-19, serán deportados a Turquía o a sus países de origen más de 11.000 inmigrantes que han visto sus solicitudes de asilo rechazadas en los meses de marzo y abril. Lo hizo durante una entrevista radiofónica la semana pasada, en la que destacó que el estudio de las solicitudes de asilo funciona a otra velocidad ahora: se han que pasado de 4.000 decisiones al mes a 7.000 en el mes de marzo y 16.000 en el mes de abril. «Continuaremos con este ritmo en el mes de mayo», afirmó el ministro, que aprovechó para subrayar una vez más la necesidad de crear un mecanismo europeo obligatorio para que quienes tienen derecho a asilo sean distribuidos en los países de la Unión Europea y de aplicar un mecanismo común para el retorno de quienes no tienen derecho a protección internacional.

Personas vulnerables en hoteles

Destacó también que más de 7.000 personas vulnerables se encuentran ya en estos momentos fuera de los campamentos de las islas, residiendo en distintos hoteles del resto del país, gracias a programas de la UE que son administrados por la Organización Internacional de Migración. Y considera que hasta finales de este año no habrá terminado el proceso de examen de sus solicitudes de asilo. Esta medida es una de las principales que está tomando el Gobierno para conseguir reducir el número de inmigrantes en las islas más cercanas a la costa turca, donde malviven más de 35.000 personas en condiciones difíciles. Todos estos campamentos y los restantes del país se encuentran en cuarentena por el momento.

Asimismo grupos de menores no acompañados siguen siendo acogidos por otros países europeos, una de las prioridades griegas ya que se considera que hay más de 5.000 ahora en los campamentos de las islas de Lesbos, Jíos, Samos, Kos y Leros . El primer país europeo en aceptar menores fue Luxemburgo, acogiendo a 12 de un total de 1.600 acordado por la Unión Europea. Ahora será un grupo de 500 menores no acompañados los que serán reubicados en Portugal dentro de pocos días, cuando se vuelvan a abrir las fronteras. Los últimos en viajar hasta ahora han sido 50 que han sido reubicados en el Reino Unido, llegando este lunes a Londres.

Inspección de ONGs

El Gobierno ha impuesto también que a partir de ahora todas las ONGs que se ocupan de inmigrantes se inscriban en un registro especial y ha comenzado un trabajo de inspección. Esta semana dos de las ONGs más conocidas y un centro de menores, todos ellos en Atenas y la zona costera de Glyfada , han recibido la visita de funcionarios de la denominada «policía financiera» y de la Autoridad Nacional sobre Transparencia. La investigación está relacionada con una queja efectuada por la mala gestión del dinero en una de ellas y por la auditoría de la autoridad sobre transparencia. Existen quejas sobre otras ONGs también, que se verán sometidas a controles financieros. Los funcionarios incautaron material y tomaron declaraciones a sus empleados. Pero el tema es delicado: existen organizaciones que han presentado una demanda contra el gobierno, considerando que no cumple los acuerdos tomados para operar distintos campamentos de inmigrantes.

Mitarakis considera que hay muchas organizaciones que han contribuido de forma decisiva a abordar la inmigración «de forma adecuada y organizada», protegiendo también a la población local griega, pero también ha habido ONGs con «mala gestión y objetivos dudosos en la gestión de la inmigración», incluyendo la organización de distintas protestas, etc.

Los profesionales de estos temas consideran que los registros conseguirán que mejore el funcionamiento de las ONGs con estructura y financiación demostrada, ya que desde finales de 2014 son múltiples las organizaciones más o menos serias y fiables que funcionaban en el país. El Gobierno anterior no tuvo capacidad para controlar este tema, que ahora afronta este Ejecutivo.

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