El Gobierno británico, ante los tribunales por violar los derechos de los ciudadanos comunitarios
El órgano independiente que vela por los residentes de la UE asegura que Interior vulnera los pactos del Brexit
Aquellos con estatus de preasentado que no pidan un nuevo permiso a tiempo pueden ser deportados
El acuerdo de salida firmado entre la Unión Europea y el Reino Unido que permitió la consumación del Brexit hace casi un año, concretamente el 31 de diciembre de 2020, establecía la creación de un organismo dedicado a velar por los derechos de los ciudadanos comunitarios residentes en territorio británico. Es precisamente esta Agencia Independiente de Monitorización de los Acuerdos sobre los Derechos de los Ciudadanos (IMA, siglas en inglés de Independent Monitoring Authority for the Citizens’ Rights Agreements) la que ahora ha decidido iniciar acciones legales contra el Ministerio del Interior británico. Le acusa de violar los derechos básicos de 2,5 millones de comunitarios a los que se les ha concedido el derecho de preasentamiento, o residencia temporal, y que sin embargo corren el riesgo de perder su derecho a vivir, trabajar o alquilar una vivienda en el país e incluso se enfrentan al riesgo de ser deportados.
En un comunicado, la IMA explicó que, según el Programa de Asentamiento (EUSS, por las siglas en inglés de EU Settlement Scheme), el registro de residencia en el que tenían que apuntarse los ciudadanos de la UE, el Espacio Económico Europeo o Suiza que hayan vivido en el Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020, quienes hayan vivido en el país durante menos de cinco años y, por lo tanto, se les haya otorgado el estado de asentamiento previo, deben solicitar el estado de asentado (equivalente a la residencia permanente) al cumplir esos cinco años o volver a solicitar el preasentamiento antes de que expire el permiso actual. «Si no presentan la solicitud a tiempo, automáticamente perderán los derechos a trabajar, acceder a la vivienda, la educación y reclamar beneficios, y podrían ser expulsados», denuncia el organismo. Su objetivo, según ha recordado este organismo, es «proteger los derechos de los ciudadanos de la UE y el EEE-AELC, y sus familiares, en el Reino Unido y Gibraltar». «Hacemos esto monitoreando a los organismos públicos del Reino Unido para asegurarnos de que implementan los derechos de estos ciudadanos e identificando cualquier problema subyacente», continúa, y aclara que son «independientes» e «imparciales».
Precisamente para cumplir con este deber de protección, la IMA emitió, con fecha 14 de diciembre, un procedimiento de revisión judicial contra el Ministerio del Interior, ya que considera que «es ilegal» su postura de que los ciudadanos que no soliciten el estatus de asentado antes de la expiración de su estatus de preasentado pierdan automáticamente sus derechos, reza el comunicado. «La IMA considera que los Acuerdos de Derechos de los Ciudadanos solo prevén la pérdida de derechos en circunstancias limitadas, y este no es uno de ellos», y por tanto denuncia que «la política del Ministerio del Interior infringe los Acuerdos» del Brexit.
Rechazo de la ministra Patel
No obstante, la cartera que dirige la ministra Priti Patel no está de acuerdo con esta interpretación y no aceptó abordar el problema pese a una solicitud previa presentada por medio de una carta en octubre, lo que llevó a la IMA a continuar su defensa ante la justicia. «Al emprender estas acciones legales ahora, esperamos brindar claridad a los ciudadanos con estatus de preasentado, de los cuales hay 2.485.000 a 30 de noviembre de 2021».
Los grupos de activistas temen que personas vulnerables, como menores de edad, ancianos o personas enfermas o con discapacidad estén en riesgo de perder sus derechos solo porque se les pase la fecha de presentación de la nueva solicitud. Desde la IMA puntualizaron que, como pronto, una persona con estatus de preasentamiento estaría expuesta a sufrir estas consecuencias negativas de la legislación del Reino Unido al no solicitar el estatus de asentado en 2023, es decir, cinco años desde las primeras concesiones del estatus de preasentamiento en 2018. «La IMA ha iniciado estos procedimientos en este momento de manera que estos procedimientos, y cualquier posible apelación, se resuelvan antes de 2023, con el fin de evitar el riesgo de que las personas con derecho de residencia en el Reino Unido en virtud de los Acuerdos se expongan ilegalmente a estas consecuencias», reza el documento presentado ante los tribunales.
Millones de afectados
Según las últimas cifras oficiales disponibles, hasta el 30 de noviembre de este año se presentaron 6.340.200 solicitudes al programa, de las cuales 287.800 se recibieron después del 30 de junio de 2021.«Nos complace ver que la IMA está abordando este importante tema que les planteamos a principios de este año en nuestro informe de febrero», asegura a ABC Luke Piper , experto legal de inmigración de ‘ the3million ’, una organización de apoyo a residentes comunitarios residentes en el Reino Unido creada tras el referéndum del Brexit.
«No se puede restar importancia a los riesgos que corren los medios de vida, la vivienda y el acceso a atención médica de millones de ciudadanos de la UE y sus familias si no presentan la solicitud antes de que expire su estatus -afirma Piper-. El Gobierno debe hacer lo correcto, evitar este litigio y garantizar que nadie se enfrente a perder sus medios de vida simplemente porque se olvidó de completar un formulario».
«Si te caduca el estatus temporal te quedas en un completo desamparo», advierte la española Silvia González, voluntaria de la organización Settle
La acción legal del IMA «es muy bienvenida», afirma asimismo Silvia González , española residente en el Reino Unido y voluntaria de la organización Settled, de apoyo a europeos en ese país, «porque es de máxima preocupación el hecho de que, tal como está el sistema configurado, deban hacer una nueva solicitud para optar al estatus permanente los que tienen el de preasentado, que es un derecho de residencia temporal que caduca a los cinco años».
«Si la gente no hace la solicitud -subraya-, al cabo de cinco años se queda en una situación ilegal, de completo desamparo». «Por eso estamos muy contentos de que lo lleven a los tribunales», resume.
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