El presidente filipino, Rodrigo Duterte, en una conferencia en Davao, al sur del país, el pasado domingo
El presidente filipino, Rodrigo Duterte, en una conferencia en Davao, al sur del país, el pasado domingo - REUTERS

Duterte pide prolongar su sangrienta guerra contra el narcotráfico en Filipinas al menos por otros seis meses

Más de 3.500 personas han sido asesinadas desde el inicio de su administración el pasado 30 de junio

- RANGÚN- Actualizado: Guardar
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Con cerca de 47 asesinatos de media al día en las últimas diez semanas (o más de 3.500 muertos de manera total), el torrente de sangre abierto por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, contra el narcotráfico parece no encontrar fácil desembocadura. Más aún, cuando el mandatario demanda ahora una prerrogativa para ampliar su horizonte.

«No me di cuenta de la gravedad y la seriedad del problema (de las drogas) hasta que me convertí en presidente», aseguró Duterte en rueda de prensa. «Necesitaríamos tiempo para poner todo en orden. Denme una extensión, tal vez de otros seis meses», añadió.

La semana pasada, Duterte se veía envuelto en una nueva polémica tras las acusaciones vertidas por un exsicario sobre el presunto encargo de asesinato de rivales políticos cuando era alcalde en la ciudad de Davao.

«Nuestro trabajo era matar a criminales como vendedores de drogas, violadores o ladrones», reconocía Edgar Matobato, de 57 años y exmiembro de los «escuadrones de la muerte» en su declaración durante una comisión de investigación del Senado.

Antiguo líder de Davao, población de millón y medio de habitantes de la isla sureña de Mindanao, sobre Duterte pesan lazos con los grupos de vigilantes o patrullas urbanas que sumergieron a la ciudad en el terror. De igual modo, siempre según el testimonio del exsicario, al menos en una ocasión Duterte participó de forma directa en las ejecuciones. El incidente se remonta a 1993, cuando el grupo de vigilantes se enfrentó a un agente del departamento de Justicia durante una misión. «El alcalde Duterte fue quien acabó con él. Jamisola (el funcionario asesinado) todavía estaba vivo cuando (Duterte) llegó. Vació dos cargadores de subfusil uzi sobre él», aseveró Matobato, quien estima el número de muertos en más de 1.000 durante un período 25 años.

En conferencia de prensa, Martin Andanar, portavoz del presidente, negaba las acusaciones: «No creo que (Duterte) sea capaz de dar esas órdenes», reconoció.

Crímenes contra la humanidad

Convertida en una de sus principales promesas de campaña, Duterte, quien asumiera la Presidencia el pasado 30 de junio, aboga por un plan de recompensas para acabar con los señores de la droga, así como por el regreso de la pena de muerte. Una política importada de sus dos décadas como alcalde en la ciudad de Davao. «Si te resistes y muestras resistencia violenta, mi orden a la Policía será disparar a matar. Disparar a matar contra el crimen organizado. ¿Habéis oído esto? Disparar a matar contra el crimen organizado», proclamó tras conocer su victoria.

Otro comentario sonoro fue su reciente ilustración sobre las víctimas de su política de «disparar a matar», sobre quienes aseguró que no pueden ser considerados «humanos». «¿Crímenes contra la humanidad? En primer lugar, me gustaría ser sincero con ustedes: ¿Son seres humanos? ¿Cuál es su definición de ser humano?», aseguró el mandatario durante una visita a un campamento militar, de acuerdo a las transcripciones de su discurso. «No se puede hacer una guerra sin matar», recordaba.

Precisamente, durante la comisión de investigación del Senado celebrada la semana pasada, Ronald Bato, jefe de la policía de Filipinas, aseveró que, desde el inicio de la Presidencia de Duterte, al menos 1.506 personas han muerto en operaciones policiales contra el narcotráfico, mientras que se registraron otros 2.035 asesinatos bajo investigación.

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