La prensa crítica con Maduro mantiene el pulso a las amenazas chavistas

Los directores de los medios de comunicación venezolanos a quienes se les ha prohibido salir del país por hacerse eco de una noticia de ABC se mantienen firmes en la defensa de la libertad de expresión y en el mantenimiento de su línea editorial. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, demandó a los periódicos «El Nacional», «Tal Cual» y al portal de noticias «La Patilla» por reproducir la información de ABC en la que se le acusaba de encabezar el cártel de narcotráfico de Los Soles.

La información se basaba en el testimonio del antiguo jefe de Seguridad de Cabello, Leamsy Salazar, y los medios venezolanos solo se limitaron a reproducirla. Pero un juez ha apoyado la demanda del presidente de la Asamblea y ha decidido la prohibición de que los directivos de los medios que se hicieron eco de la noticia salgan del país como medida cautelar.

Lo absurdo del proceso penal es que ninguno de los 22 directivos de los medios represaliados ha recibido la notificación oficial de que la demanda de Cabello ha sido aceptada, pero sí les ha llegado la orden que les prohibe salir del país y les obliga a presentarse cada semana ante el juzgado. Algunos de los afectados se encontraban en el extranjero cuando se enteraron de la decisión del tribunal, pero subrayaron que regresarán a Venezuela para seguir defendiendo la causa de la libertad de prensa.

Tras un viaje que lo había llevado a Israel, donde dictó una conferencia, Miguel Henrique Otero, presidente editor de «El Nacional» se encontraba ayer en Miami desde donde aseguró a ABC que regresará a Caracas en los próximos días para enfrentarse al que será el cuarto proceso legal en su contra durante estos 16 años de chavismo. Este caso, sin embargo, le parece especialmente grotesco. «Es humillante tener que presentarse ante el tribunal todas las semanas para demostrar que no nos vamos a fugar», nos confiesa.

En su opinión, la demanda busca «silenciar a los medios: el objetivo es doblegarnos para que no sigamos publicando denuncias contra el régimen». Pero insiste Otero en que no lo conseguirán. «Hay toda una estrategia para estrangularnos económicamente, como las multas y la escasez de papel para el periódico. El Ejecutivo toma las decisiones del sistema judicial para criminalizar a la disidencia. La justicia chavista no es justicia porque no es independiente. Las sentencias las dictaba antes Chávez y ahora lo hacen Maduro y Cabello», subraya.

La demanda del presidente de la Asamblea, añade, «es una arbitrariedad del sistema judicial con la que se quiere que Venezuela quede mal parada en el plano internacional». Un caso que se complica, además, por «el conflicto interno existente entre Maduro y Cabello».

Por su parte, el director del portal «La Patilla», Federico Alberto Ravell, asegura que «no cambiará su línea editorial», ni dejará de publicar informaciones que «irriten» al régimen. «La prohibición de salir de Venezuela es una medida inaudita», insistió. La demanda sorprendió a Ravell en Bogotá, donde atendía asuntos profesionales. Casualmente, el defensor del pueblo de Venezuela, Tareck William Saab, se encontraba dando una rueda de prensa en la capital colombiana, a la que se presentó el director de «La Patilla» para conminarle a que defienda ante el Gobierno de Maduro su derecho al trabajo y a poder vivir y viajar libremente entre Caracas y Bogotá.

El director de «Tal Cual» y exministro de Planificación, Teodoro Petkoff, es la siguiente víctima del acoso del Gobierno a la Prensa. Con la actual, Petkoff afronta la octava demanda –segunda de Diosdado Cabello– en su contra. «Tengo por cárcel a toda Venezuela», afirmó recientemente, cuando no pudo acudir a Madrid para recibir el premio Ortega y Gasset. El 7 de mayo Petkoff, quien se encuentra en un delicado estado de salud, se enfrentó a Diosdado en un editorial: «El gobierno –escribió entonces– ha logrado crear, a punta de presiones y dinero, su tan anhelada hegemonía comunicacional. La censura se impone hoy en los medios tradicionales, un cerco que se debe romper». Un alegato que concluí con estas palabras: «Pues sí señor: aquí estamos otra vez. No nos da la gana de desaparecer. Nos has vuelto a demandar, pero nosotros estamos aquí. Nos acusas por dar tratamiento a una noticia que, de cualquier manera, las redes sociales ya habían hecho de conocimiento general. Por reproducir una información internacional».