Por qué la exesposa de Nisman desestima la hipótesis oficial del suicidio

Sandra Arroyo Salgado dice no creer en el suicidio de su exmarido y padre de sus dos hijas, el fiscal argentino Alberto Nisman, quien apareció muerto con un disparo en la cabeza el 18 de enero en su piso en Buenos Aires. «Alberto Nisman fue víctima de un homicidio sin lugar a dudas», ha dicho días atrás Arroyo, jueza federal y querellante en la causa que tiene en vilo a la Argentina.

Desde que comenzó el peritaje oficial, ordenado por la fiscal Viviana Fein y a cargo del Cuerpo Médico Forense –dependiente de la Corte Suprema de Justicia–, la exmujer de Nisman cuestionó duramente el procedimiento científico que arrojó como conclusión que su exesposo se disparó en la cabeza.

Funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner han acusado a Arroyo Salgado de intentar trasladar el caso Nisman al ámbito de la justicia federal, donde ella misma tiene más influencia.

Eso sólo sería posible si se probara que el fiscal no se suicidó, sino que fue víctima de un «magnicidio».

Cierto o no, lo concreto es que Arroyo Salgado contrató a tres de los expertos forenses y criminalistas más prestigiosos del país para que actúen como peritos de parte. El equipo de la querella es coordinado por el prestigioso forense Osvaldo Raffo, de 84 años y con más de 20 mil autopsias en su haber.

Lo que han hecho los especialistas contratados por Arroyo no es estrictamente un peritaje, ya que para eso se requiere la presencia de un perito oficial. Pero sí han elaborado un documento de 93 hojas –en base a fotos y videos de la escena del crimen y a visitas propias al piso donde murió Nisman– en el que abundan elementos que contradicen la versión del suicidio.

En el informe se subraya que no fue hallada «ni una sola partícula característica de plomo, bario y antinomio (fusionada), lo que aleja la posibilidad de que alguna de las manos de la víctima haya estado cerca del arma al momento de efectuarse el disparo».

Se agrega que en la mano derecha de Nisman había algunos dedos que no tenían manchas de sangre cuando deberían haberlas tenido, «a menos que hubiese algún elemento que haya actuado como telón de interposición». Esa interposición, de un objeto o una persona, también explicaría por qué no había salpicaduras de sangre en la toalla que colgaba del lavabo.

Se indica además que «resulta poco probable dentro de lo posible» que el cuerpo quedara en la posición en la que fue encontrado sin la asistencia de un tercero. Al mismo tiempo, la ubicación de las manchas en la alfombra del suelo indicarían que Nisman no miraba en dirección al espejo del baño, sino hacia la bañera.

De acuerdo con las evidencias citadas por los expertos de Arroyo, quien disparó el arma estaba en un plano superior a Nisman, «detrás y a la derecha de la víctima». Eso, sumado al hecho de que el cuerpo del fiscal no presentaba golpes en la espalda o en la cabeza, los ha llevado a suponer que Nisman estaba de rodillas en el momento en el que recibió el disparo, y a mencionar la probable presencia de un «atacante» en la escena del crimen.

Las diferencias entre los peritos de parte y los oficiales no terminan allí. Los expertos contratados por Arroyo calcularon que la muerte de Nisman se produjo entre las 17 horas del sábado y la 1 del domingo 18 de enero, mientras que los del Cuerpo Médico Forense estimaron que ocurrió cerca del mediodía del domingo.

Raffo y su equipo también aseveraron que Nisman sufrió agonía luego del disparo, lo que habría quedado acreditado por la abundante presencia de sangre hallada en torno a su cadáver. Desde el punto de vista médico, la agonía es incompatible con el espasmo cadavérico (rigidez post mórtem en la mano), precisamente uno de los argumentos centrales que utilizaron los peritos oficiales para sostener que Nisman efectuó el disparo.

Se trata de dos versiones diametralmente opuestas, defendidas por dos equipos de expertos igualmente prestigiosos. Por esa razón, la Fiscalía evalúa incorporar peritos extranjeros para zanjar las diferencias, según ha publicado la prensa argentina.

En definitiva, se trata de esclarecer la muerte de un fiscal que, pocos días antes de morir, había acusado a la presidenta Cristina Kirchner de haber orquestado un supuesto «plan criminal» para encubrir a los funcionarios iraníes imputados por el atentado a la mutual judía AMIA en 1994, en el que murieron 85 personas.