El Gobierno argentino se enfrenta con la fiscal del caso Nisman

El Gobierno argentino ha utilizado las redes sociales para tratar de desmentir a la fiscal del caso Nisman, que contradijo hoy la versión de la Casa Rosada al asegurar que el procurador no interrumpió sus vacaciones para denunciar a Cristina Fernández, en contra lo que había apuntado la presidenta. La fiscal del caso, Viviana Fein, tumbó la versión ofrecida por Cristina Fernández sobre un supuesto cambio de planes de última de hora del ahora fallecido Nisman para presentar la denuncia en su contra por presunto encubrimiento terrorista.

Fein explicó que Nisman se fue de vacaciones con una de sus hijas a Europa y tenía billete de vuelta para el 12 de enero, dos días antes de presentar su denuncia contra Fernández.

Según la fiscal, Nisman había sacado el 31 de diciembre el pasaje de vuelta a Argentina con fecha 12 de enero, "por razones de pareja" regresó solo y no con su hija y pensó incluso en volver a Europa el día 19, pero de nuevo suspendió el viaje por motivos familiares.

Apenas unos minutos después de sus declaraciones, en su cuenta oficial de la red social Twitter la Casa Rosada atacó la versión de la fiscal. "Debí suspender intempestivamente mi viaje. Le creemos a Nisman o a la fiscal Fein", señala un mensaje acompañado de los whatsapp supuestamente enviados por Nisman a un grupo de allegados.

En este mensaje, el fiscal explicaba: "Debí suspender intempestivamente mi viaje de 15 años a Europa con mi hija y volverme. Imaginarán lo que eso significa". "A veces en la vida los momentos no se eligen. Simplemente las cosas suceden, y eso es por algo. Esto que voy a hacer ahora igual iba a ocurrir. Ya estaba decidido. Hace tiempo que vengo preparándome para esto, pero no lo imaginaba tan pronto", continuaba.

"Me juego mucho en esto. Todo diría. Pero siempre tomé decisiones, y hoy no va a ser la excepción. Y lo hago convencido, se que no va a ser fácil. Todo lo contrario. Pero más temprano que nunca la verdad triunfa y me tengo mucha confianza", agregaba. "Gracias a todos. Será Justicia. Ah, y aclaro por si acaso que no enloquecí ni nada parecido. Pese a todo, estoy mejor que nunca", concluía.

En su primera reacción a la muerte de Nisman, en una carta divulgada en las redes sociales, la presidenta se preguntaba "quién ordenó volver al país" al fiscal, interrumpiendo sus vacaciones y dejando a una de sus hijas sola en el aeropuerto madrileño de Barajas. También en su primera aparición pública tras el fallecimiento de Nisman, el pasado lunes, Fernández insistió en su supuesto "retorno imprevisto".

La cuenta de la Casa Rosada reproduce, además, versiones periodísticas de los últimos días que inciden en la teoría de que Nisman suspendió sus vacaciones por motivos desconocidos. No es la primera vez que la Casa Rosada se involucra en el caso y recibe duras críticas por su intervención.

Así, el pasado sábado difundió en Twitter los datos de viaje de Damián Patcher, el periodista que adelantó la muerte de Nisman y que, tras dejar el país, denunció que lo abandonaba por miedo. Un día después, por la misma vía, la Casa Rosada reprodujo información de medios y periodistas argentinos según la cual Pachter iba camino a Israel, donde pensaba refugiarse.

El vicepresidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Sáenz, cuestionó hoy las opiniones vertidas por la presidenta argentina sobre el caso Nisman y pidió que se deje "trabajar tranquilas" a la fiscal Fein y a la jueza. "No es conveniente que (la mandataria) siga opinando de la causa de esta forma; una cosa es el debate político y otra cosa es opinar directamente sobre el caso y, por ejemplo, decir qué debería hacer la jueza", declaró a una emisora local.

Insistió en que "hay que dejar que las magistradas trabajen tranquilas, pero, si desde el Ejecutivo se opina de esta manera, es claramente una interferencia". Alberto Nisman falleció de un tiro en la cabeza en circunstancias aún por aclarar el 18 de enero, apenas un día antes de comparecer ante el Congreso para detallar la denuncia presentada contra Cristina Fernández y varios de sus colaboradores por presunto encubrimiento de los acusados iraníes del atentado contra la mutual judía AMIA que dejó 85 muertos en 1994.