Sandra Ortega acusa a su exasesor de toda la vida de robo y falsedad documental
La hija de Amancio Ortega confía en el bufete de Garrigues y un informe de forensic para demostrar la mala praxis del gestor
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Sandra Ortega , hija mayor del empresario Amancio Ortega mantiene un litigio con José Leyte, su gestor durante 20 años en Rosp Corunna, empresa que perteneció a su madre Rosalía Mera y que ella heredó tras su muerte en 2013. Leyte cesó de sus funciones, en noviembre del año pasado. Entonces recibió un finiquito acorde a sus funciones como alto directivo de la empresa. Este no se conformó con la indemnización recibida y exigió ante los tribunales un despido acorde al de un empleado normal, sin categoría laboral. El juicio se celebró hace unas semanas en los juzgados de A Coruña y esta a la espera de la resolución judicial.
Lo que no esperaba Leyte es que Sandra Ortega se querellase contra él por apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal. Ortega tal y como ha podido saber este periódico está representada por el prestigioso bufete Garrigues, experto en derecho empresarial. Al parecer la decisión fue tomada a la vista de los resultados arrojados por una investigación interna elaborada por un equipo forensic especializados en casos de fraude, corrupción o manipulación contable. Las dos querellas, una por apropiación indebida , y otra por administración desleal y falsedad documental.
Leyte en declaraciones a ‘La Voz de Galicia’ asegura sentirse «triste» ante esta situación aunque se siente «muy tranquilo» porque no ha cometido «ninguna irregularidad». Sin embargo, cada día que pasa, parece estar más nervioso o enfadado hasta el punto de decir a ‘El Mundo’ que «la gente muy rica es muy miserable».
Los litigios de Rosp Corunna no tienen nada que ver con el conglomerado familiar de Inditex. Están totalmente al margen. Pero la primogénita de Amancio cuenta con todo su apoyo ya que mantienen muy buena relación y se ven con regularidad. Ella, al igual que su familia prefieren no hacer ningun tipo de declaración pública y que sea la justicia la que se pronuncie.
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