Las luces y las sombras de Garoña, la central nuclear más antigua de España

Poco más de 50 kilómetros separan Vitoria de la central nuclear de Santa María de Garoña, la planta de generación eléctrica que podría retomar su actividad si el próximo 9 de agosto el Gobierno estatal lo considera oportuno. Una decisión que no estará exenta de polémica, pues ni siquiera sus propietarias, Endesa e Iberdrola, han logrado ponerse de acuerdo al respecto. Por un lado, la compañía de Borja Prado apostó por incrementar su ciclo de vida, mientras que la de José Ignacio Sánchez Galán sostuvo que no sería rentable. Más allá de las connotaciones económicas, el desconcierto que rodea a la reapertura de las instalaciones inquieta a varios Ejecutivos autonómicos que, a lo largo de los últimos meses, han puesto en duda su estabilidad.

Según el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), sin embargo, no existen razones que impidan la reapertura de la planta, que en 2006 se convirtió en la más antigua de España en activo. El pasado febrero emitió un informe favorable de Garoña, cuya puesta en marcha dejó en manos del Gobierno estatal: «Las evaluaciones concluyen que las propuestas son aceptables desde el punto de vista de la seguridad y la protección radiológica», aseguró la institución, que hizo llegar al ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital una serie de condiciones para reforzar su vigilancia.

«El CSN no autoriza a Garoña a operar ni lo desautoriza –subrayó Fernando Marti Scharfhausen, presidente del consejo–. Simplemente establece las condiciones para que sea segura si quiere volver a hacerlo; es el Ministerio de Energía quien tendrá que tomar la decisión de permitirle operar y por cuánto tiempo».

Por otro lado, el cierre definitivo de la planta podría dejar en la calle a 230 operarios fijos, denunció recientemente UGT, que instó al Ministerio de Energía a resolver «de manera inmediata» su continuidad: «Los trabajadores están preparados y dispuestos para seguir funcionando de manera segura y responsable tal y como indican los informes del CSN», aseguró el sindicato a EP. Asimismo, reclamó la elaboración de un Plan General de Residuos Radiactivos y la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad.

Críticas

Por otro lado, este viernes concluye el plazo para presentar alegaciones contra la puesta en marcha de la planta. Entre otras instituciones, se han presentado los gobiernos de Castilla y León, Navarra, La Rioja y País Vasco, la Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC) y Greenpeace, que aseguran que Garoña «perpetúa la dependencia energética de España» y además «va en contra de la defensa de una política energética inteligente, eficiente y renovable».

Uno de las últimas administraciones en sumarse fue el Gobierno Foral de Álava, que trabaja junto al Gobierno vasco en el contenido de las alegaciones. Así lo afirmó el diputado general de la provincia, el nacionalista Ramiro González, que añadió que existe una «oposición firme a la reapertura de la central» por parte de «la práctica totalidad de las instituciones vascas y alavesas» por razones «técnicas, jurídicas y políticas».