El Gobierno vasco quiere limitar la RGI a una persona por vivienda

El Gobierno vasco planteó ayer limitar a una persona por domicilio la concesión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la prestación mensual que facilita la administración autonómica a los ciudadanos que carecen de recursos suficientes. Se trata de una modificación del reglamento actual que contempla el cómputo de los ingresos de todos los residentes de una vivienda independientemente de que sean o no de la misma familia. El propósito del Ejecutivo de PNV y PSE es que obtener un mayor control sobre este tipo de ayuda, a la que actualmente acceden cerca de 63.000 ciudadanos.

La propuesta del Ejecutivo autonómico para renovar la RGI consta de 15 apartados, destinados a «consolidarla como instrumento de cohesión social».

Tal y como informó ayer la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, el principal escollo del sistema actual es que reconoce más de una unidad perceptora dentro un mismo domicilio, lo cual genera «dificultades de importancia», como agravios comparativos. Por ello, su departamento ha propuesto que solo una persona pueda percibir dicha prestación, que haría referencia al conjunto de los habitantes de la vivienda «con independencia de su vinculación familiar o no».

En este sentido, la consejera nacionalista destacó que la normativa actual pone el foco de atención en las personas individuales, mientras que los cambios que el Ejecutivo vasco quiere llevar a cabo buscarán «favorecer a las familias». Sin embargo, subrayó que la administración estudiará todos aquellos casos en los que sea necesario establecer las «excepciones oportunas».

Lucha contra el fraude

Uno de los principales objetivos de la iniciativa del Gobierno de PNV y PSE es erradicar los casos de fraude que han empañado el sistema de la RGI. Entre otras medidas, Artolazabal anunció que fijarán sanciones para los «cooperadores» de este tipo de estafas. Asimismo, establecerán «prescripciones» de la responsabilidad de beneficiarios de pagos indebidos si no ha recurrido Lanbide una vez transcurridos 24 meses desde la percepción de la ayuda en los casos en los que existan «indicios fiables» de que no haya habido «dolo».

A su vez, para acceder a este tipo de prestaciones será necesario residir y estar empadronado en el País Vasco. Para controlar que no se produzcan irregularidades en este aspecto, el Ejecutivo autonómico ha propuesto establecer una serie de «elementos adicionales a la inscripción en el Padrón» que permitan certificar la residencia efectiva en el territorio. Este procedimiento se podría llevar a cabo, aventuró la consejera, a través de la domiciliación de los recibos de la luz y agua o la escolarización de los hijos.

Por otro lado, el nuevo sistema de la RGI se articulará en función de una cuantía base común de 450 euros para todas las unidades de convivencia «con independencia del tamaño y estructura de la misma». El titular de la vivienda percibirá una cuantía de 200 euros, 40 más que su pareja. Los otros dos adultos con los que habiten percibirán otros 100 euros cada uno.

Revisión tardía

La propuesta del Gobierno generó división de opiniones entre el resto de grupos del Parlamento autonómico. Por un lado, la popular Laura Garrido consideró que las medidas «llegan tarde», puesto que el sistema actual de la RGI presenta «múltiples deficiencias». En este sentido, recordó que el excalcalde de Vitoria Javier Maroto ya impulsó iniciativas para endurecer la normativa, aunque el resto de partidos «se negaron a abrir el debate» y «dieron la espalda» a la ciudadanía: «Hemos perdido un tiempo muy valioso, el diagnóstico lo teníamos la pasada legislatura», concluyó.

Por su parte, la soberanista Nerea Kortajarena denunció que la reforma no incluye medidas para las personas que quedan fuera de prestaciones sociales, mientras que, Tinixara Guantxe, de Podemos, aseguró que la iniciativa «no es solo un paso atrás, sino un maratón» cuya lectura le dejó «los pelos como escarpias».