Cae una banda acusada de estafar en País Vasco más de un millón de euros en ayudas para personas vulnerables
Los 23 detenidos habían creado hasta 62 identidades falsas para cobrar ayudas alquiler y la renta básica
Es probablemente la mayor estafa detectada en los últimos años en el País Vasco. El cabecilla de la trama creó «hasta 62 identidades falsas» con las que consiguió estafar más de un millón de euros al Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, a través del cobro fraudulento de ayudas sociales destinadas a personas vulnerables. La Policía Nacional ha detenido a un total de 23 personas y se ha incautado de 22 pasaportes falsos, 16 libretas bancarias, 17 tarjetas de crédito, 9 teléfonos móviles y un disco duro externo.
Según fuentes policiales, el ideólogo de la estafa, un hombre de nacionalidad senegalesa, era el encargado de crear identidades falsas. El resto de integrantes del entramado actuaban «en un segundo plano muy diferenciado» y organizados en dos grupos . El primero de ellos lo formaban las personas encargadas de gestionar las ayudas. Gracias a pasaportes falsos se hacían pasar por personas ficticias y conseguían completar los trámites necesarios para cobrar las ayudas públicas para el alquiler de vivienda y la renta básica (RGI).
Esta segunda es una ayuda similar al ingreso mínimo vital y que oscila entre los 700 y los 1.000 euros, en función de los miembros que formen la unidad familiar. A ello habría que sumar la ayuda para el alquiler que asciende a 275 euros mensuales. Es decir, por cada persona ficticia que conseguían dar de alta en el sistema obtenían 875 euros al mes .
En paralelo, el resto de detenidos se dedicaba a alquilar viviendas y a crear empadronamientos fraudulentos de las identidades ficticias. Para lograrlo falsificaban pasaportes y certificados de empadronamiento que les servían para acreditar que la persona solicitante llevaba empadronada los tres años que exige el Gobierno vasco para conceder las ayudas. Además, para evitar levantar sospechas no dudaban en presentar las solicitudes irregulares en oficinas situadas en diferentes municipios. Incluso llegaron a falsificar informes médicos y certificados de realización de cursos de formación para impedir que les suspendieran las ayudas por la no presentación física del solicitante ante las oficinas del Servicio Vasco de Empleo.
La investigación comenzó a principios de año cuando los agentes de extranjería tuvieron conocimiento de que un hombre de nacionalidad senegalesa servía a otras personas para cobrar ilegalmente estas ayudas sociales. A partir de ahí se han realizado un total de 23 detenciones «en tres fases». En el mes de enero procedieron al arresto del ciudadano camerunés; en una segunda fase, a finales de marzo, consiguieron detener al que consideran cabecilla y con trece arrestos esta semana han dado por desarticulada la trama.
Se calcula que en los meses en que estuvieron operando llegaron a estafar un total de 1.091.416 euros . Los arrestados son originarios de Latinoamérica, el Sahel y el Magreb. Todos ellos se encuentran en libertad acusados de organización criminal, estafa y falsedad documental.
Más controles
Desde el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, han lanzado un mensaje de agradecimiento a la Policía Nacional y han asegurado sentirse « víctimas » de una organización que ha «estafado dinero que corresponde a personas vulnerables». Según han explicado fuentes del organismo, la trama pasó totalmente inadvertida ya que todo estaba tan planificado que incluso para la Policía ha sido «complicado desentrañar esta red».
También se ha pronunciado al respecto el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, que ha lamentado que aunque «no a menudo» sí «de vez en cuando» se producen casos de fraude en el cobro de estas ayudas. Asegura que son «minoritarios» y que se mantiene «un control permanente» tanto de los responsables de Lanbide como de las diferentes instituciones policiales.
Son explicaciones que han resultado insuficientes para grupos de la oposición como el PP vasco. La parlamentaria Laura Garrido ha asegurado que pedirán «explicaciones» al Gobierno de Urkullu por esta trama que supone «un fraude al sistema de ayudas sociales». Además han hecho un llamamiento a realizar « controles efectivos » para evitar que el sistema se convierta en un «coladero».
