El turbio pasado de Trinitario Casanova, el nuevo propietario del Edificio España

En la última transacción del Edificio España se reconocen los horizontes del que, si se confirma la operación, será el sucesor del magnate chino Wang Jianlin. Trinitario Casanova (Orihuela, 1964), propietario del grupo Baraka, se presenta como el enésimo empresario hecho a sí mismo; un oportunista inmobiliario que ha encontrado en Madrid su particular caladero y que, condena en firme incluida, cuenta con un pasado que alimenta la incertidumbre en torno al emblemático rascacielos.

Casanova, conocido por fugaces operaciones de compraventa, una suerte de «cazagangas», ultima su gran bocado después de pequeños mordiscos en la capital. Primero adquirió la antigua sede de Peugeot, en la avenida de los Toreros; después se hizo con la sucursal de Bankia de la Gran Vía, 44 (donde se deshizo del local en apenas unos meses, ganando 2,6 millones de euros); y finalmente se aprovechó de la quiebra de la sociedad Parque Empresarial El Olivar para convertirse en uno de los grandes terratenientes de Valdebebas, con nueve parcelas.

Estos movimientos, acaso por su proximidad, planean sobre el resto de actores en el Edificio España, algo recelosos. No obstante, son un argumento más.

Las principales reservas tienen que ver, paradójicamente, con esa ambición y voracidad que se le atribuyen. Una de ellas la arrastra desde 2004, acusado de cohecho por su presunta implicación en el caso Zerrichera, una trama de corrupción en la que multiplicó por quince (hasta 150 millones de euros) su inversión. La intención era convertir esta zona natural de Águilas (Murcia) en un lujoso complejo residencial, con viviendas exclusivas y un campo de golf. Aunque en un principio se recalificaron los terrenos sin problemas, después la Justicia paralizó el proyecto.

Pero la sombra más alargada y tupida le acompaña desde hace apenas un mes. Fue en 2008, casi al tiempo que vendió a su socio José Ramón Carabante el Grupo Hispania por 650 millones de euros, cuando dio el salto a las finanzas. Un salto algo pretencioso que terminó el pasado mes de junio con una condena de un año de prisión e inhabilitación para operar en este sector por un delito contra el mercado y los consumidores, al alterar acciones del Banco Popular con rumores.