El presidente del TSJM: «En Madrid hay 745 jueces y en 2018 hubo 836.000 asuntos»
Para el magistrado Celso Rodríguez Padrón, «carecemos de una Justicia del siglo XXI en Madrid y en el resto del Estado»; hay «sobrecarga de trabajo» y desfase legislativo
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón , analiza el momento judicial de la región.
¿En qué situación se encuentra la Justicia en Madrid?
Hablar de la situación actual de la Justicia en Madrid lleva un gran paralelismo en algunos ámbitos a la Justicia en el resto del Estado. El problema que padece nuestro sistema judicial es una sobrecarga de trabajo que no se corresponde con el número de Jueces que deben afrontar su resolución con arreglo a proporciones razonables. En los últimos cinco años, el crecimiento de la litigiosidad se ha disparado mientras que la planta judicial ha experimentado un incremento mínimo. Pensemos, a título de ejemplo, en el número de asuntos que se acumulan en los Juzgados de lo Mercantil, o en el Juzgado especializado en las llamadas cláusulas suelo.
Juzgados con humedades, incendios, expedientes amontonados… La impresión externa es que la Justicia se administraba en condiciones materiales pésimas. ¿Continúa ocurriendo?
Realmente la situación de las infraestructuras judiciales alcanzó en muchos puntos niveles de deterioro importantes. En cualquier reunión de Jueces es fácil caer en una especie de competición acerca de las condiciones en las que se sitúan las instalaciones en las que trabajamos a diario. Aún queda tarea por hacer. Es verdad que en los últimos tiempos se viene afrontando un plan de mejora de las infraestructuras judiciales que supone un notable avance. Espero que prosiga en aras de eso que se llama en Derecho «el interés general».
Esos planes de mejora de juzgados ¿están dando resultados?
Por supuesto que toda inversión seria da sus frutos. Ahora bien: el déficit de inversión en Justicia durante tanto tiempo, bien merece que las Administraciones competentes se vuelquen con decisión, con planes sostenidos que deben quedar completamente al margen de los cambios políticos o de gobierno.
¿Es la Justicia en Madrid propia del siglo XXI?
Carecemos de una «Justicia del siglo XXI» en Madrid y en el resto del Estado. Muchas veces se ha debatido sobre el conjunto de reformas necesarias para contar con esa Justicia actual, que pasa por una dosis de eficacia y a la vez una estructura con la que no contamos. Tampoco puede quedar al margen de este desfase la propia legislación procesal, concebida para un tipo de asuntos que se han visto superados en numerosas ocasiones. Las nuevas formas de delincuencia, la problemática surgida a raíz de la crisis económica en ámbitos como el bancario o el financiero, incluso la globalización, son factores que ponen a prueba los esquemas tradicionales de nuestro sistema jurídico y de la estructura judicial, que, básicamente, procede del diseño que se llevó a cabo en la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1870.
¿Qué opina de la concentración de sedes judiciales en Madrid? ¿Es más operativa?
Claro que es más operativa. Pensemos en los profesionales que acuden a diario a los Juzgados o Tribunales, en los propios ciudadanos, en el aprovechamiento de recursos comunes, en el simple traslado de expedientes, etc. No resultaba en absoluto de recibo la dispersión de sedes que venía manteniéndose en Madrid, y que poco a poco va corrigiéndose.
¿Le gustaba el proyecto del Campus de la Justicia? ¿Debe retomarse?
Creo que todos estamos de acuerdo en que aquel proyecto fue una concepción sobredimensionada. El encargo de los distintos edificios a los arquitectos más afamados del mundo no solo comportaba un diseño muy por encima de las necesidades reales, sino que arrastraba a la larga unos costes de mantenimiento que nadie sabía como iban a poder soportarse. El día en que se retome, debe replantearse desde una perspectiva más realista.
¿Fue operativo crear una consejería específica para Justicia? ¿Debería mantenerse?
En el esquema español de transferencias de competencias a las Comunidades Autónomas la existencia de una Consejería de Justicia, por así decirlo, monográfica, me parece elemental en aquellos territorios con competencias en esta materia.
Jueces y fiscales hicieron paros el año pasado en demanda de mejoras laborales. ¿Ha mejorado su situación?
Las pretensiones que planteábamos al Ministerio de Justicia, no sólo una vez sino en dos ocasiones mediante los paros parciales, abarcaban cuestiones diversas que se extendían desde el incremento de la planta judicial a la carga de trabajo, pasando por la modernización tecnológica, un plan sostenido de inversión, la elección del Consejo General del Poder Judicial, o la reforma retributiva. Todas estas reivindicaciones fueron apoyadas por la totalidad de las asociaciones judiciales y me consta que también por la mayoría de los jueces que no están asociados. El resultado es frustrante.
Si los medios materiales son insuficientes, ¿los recursos humanos también lo son?
En España tenemos la mitad del número medio de jueces por habitante de la Unión Europea. Por lo que respecta a la Comunidad de Madrid, el número de jueces se sitúa en 745 y piense que el número de asuntos registrados en el año 2018 en Madrid superó los 836.000. Pese a ello, se resuelve por encima de la entrada.
¿Cree que son aceptables las críticas públicas a sentencias judiciales de casos muy «mediáticos»?
La crítica que puede hacerse de las resoluciones judiciales no solo es posible sino incluso saludable en un Estado de Derecho y en una verdadera democracia como es la española. Esta aceptación de la crítica ha sido incluso proclamada formalmente por el Tribunal Constitucional. La libertad de expresión no olvidemos nunca que es un derecho fundamental sin cuya garantía no puede decirse que vivamos en una democracia plena. Lo que ocurre es que también esto puede encontrar ciertos límites, como cualquier otro derecho fundamental. Creo que las decisiones judiciales deben ante todo conocerse; por supuesto antes de ser criticadas. Para ello los Jueces tenemos también una responsabilidad, que pasa por la explicación en Derecho de la razón de nuestras decisiones. Lo que no puede jamás es convertirse la crítica en una despiadada descalificación personal como en ocasiones ha ocurrido.
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