Los operarios del SER siguen indefensos ante las agresiones: «La situación en Madrid es límite»
El Ayuntamiento incumple su promesa de suprimir de los expedientes el nombre y apellidos del denunciante, tras toparse con la Ley de Tráfico
Los controladores del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) continúan indefensos en el desempeño de un servicio que registra cada año alrededor de 200 agresiones. La reclamación del colectivo para frenar esta situación, consistente en suprimir de los expedientes los datos personales del denunciante, solo ha sido recogida en parte en la ordenanza de Movilidad , aprobada con los votos de Ahora Madrid y PSOE el 5 de octubre. Pese a que el Ayuntamiento de Madrid se comprometió en 2017 a revocar la norma -que obligaba a revelar el nombre, apellidos y domicilio del controlador-, el cambio de legislación únicamente ha repercutido en el domicilio, cuya dirección particular se sustituye ahora por la de la empresa.
En cualquier caso, el nuevo reglamento recoge que el personal de control «denunciará, tanto a requerimiento como de oficio, todas las infracciones de estacionamiento que observen en el desempeño de su tarea, debiendo hacer constar necesariamente nombre y domicilio, que podrán ser sustituidos por su número de identificación». Un hecho que, sin embargo, no impide a los denunciados acudir a la Oficina de información y trámites de multas de circulación para solicitar el nombre y apellidos del operario que castiga la infracción.
«Aunque no se facilite el domicilio, con internet y las redes sociales es bastante posible encontrar donde vivimos», advierte un trabajador que recientemente sufrió un episodio de acoso a las puertas de su casa. Con 800 trabajadores en nómina, los sindicatos resaltan la gravedad de una violenta espiral que afecta de media a la cuarta parte de la plantilla . «Desde que se aprobase en 2014 lo que nosotros conocemos como rotación (dos horas en plazas azules y cuatro en verdes), las agresiones se incrementaron bastante», explican desde UGT, conscientes de que todo lo que sean nuevas restricciones aumenta el grado de tensión; más, si cabe, con la puesta en marcha del proyecto Madrid Central: «La modificación del protocolo anticontaminación nos va afectar porque también tendremos que controlar a los coches que estén obligados a estacionar en los parkings y no lo hagan».
Aunque los sindicatos subrayan el «compromiso verbal» del Consistorio para paliar los ataques, lo cierto es que desde la concejalía de Medio Ambiente, que dirige Inés Sabanés, reconocen no poder hacer más, al menos hasta que cambie la normativa nacional . «El Ayuntamiento de Madrid ha llegado hasta donde ha podido. Estaba previsto incluir la protección en la ordenanza, pero al hacer el análisis jurídico se observó que contravenía leyes de mayor rango», sostienen.
Callejón sin salida
A finales del año pasado, el Ministerio de Interior rechazó la petición para que los operarios del SER sean autoridad pública (como los profesores y sanitarios), ya que por ley solo pueden tener esa consideración los funcionarios públicos. Con esta vía descartada, el Gobierno de Ahora Madrid volvió a ver truncadas sus aspiraciones al toparse con el artículo 87 de la Ley de Tráfico , que establece que «en las denuncias por hechos de circulación deberá constar el nombre, apellidos y domicilio del denunciante o, si es un agente de la autoridad, su número de identificación profesional».
Tras este revés, el área de Medio Ambiente planea reunirse con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para retomar un asunto de especial preocupación . «Estamos a la espera de analizar la situación y trasladar una propuesta», señalan, con la esperanza de que dicha ley se modifique. «Si no pueden ser agentes de autoridad, queremos que al estar cumpliendo funciones públicas gocen al menos de protección especial», añaden.
Mientras eso llega, los controladores del SER continúan expuestos a los ataques, tanto en la calle como a las puertas de sus domicilios -en el peor de los casos-. «No entendemos por qué en Barcelona si son funcionarios públicos y en Madrid, aunque trabajemos directamente para el Ayuntamiento, no lo seamos por tener el servicio externalizado. La empresa es un mero intermediario », reseña otro empleado, cansado de que se les trate como «marionetas».
El sindicato UGT recuerda que en zonas como La Ventilla o el entorno del Hospital de la Paz los operarios se ven obligados a trabajar en pareja . «Con las multas 512.9, es decir, las que ponemos cuando el conductor se equivoca a la hora de marcar su matrícula, las agresiones se han diversificado», añaden. Hace días, enviaron una carta a la Subdirectora General de Movilidad del Ayuntamiento, Itziar Mohedano, a fin de que sean atendidas las demandas de protección. Además de las agresiones físicas, los vigilantes del SER no se olvidan de las constantes amenazas e insultos que sufren casi a diario: «Cada multa es un riesgo porque no sabemos a quién tenemos delante. Estamos completamente desprotegidos».
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