Maestre acusa a Almeida de querer hacer «desaparecer» el Orgullo en Madrid al ponerle coto al ruido

Para los vecinos es poco y para la izquierda es demasiado. El permiso para exceder los decibelios en el centro -zona blindada contra el ruido- durante el pregón y los actos del Orgullo   que este año ha concedido el gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha provocado polémica.

«Dime que quieres que el Orgullo desaparezca sin decirme que quieres que el Orgullo desaparezca. Empieza Almeida», lanzó ayer en redes sociales la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento, Rita Maestre, que reaccionó así a la información avanzada por ABC en la que se detalla que solo se permitirán actuaciones musicales hasta las 2.30 horas en las plazas de España y del Callao   . Tampoco estarán autorizadas las barras exteriores de los bares para la venta de alcohol en la vía pública ni que estos locales pongan música fuera de la propia sala.

Mientras los vecinos de Chueca, el epicentro de los actos, se plantean denunciar al ayuntamiento por incumplimientos reiterados de la ordenanza del ruido, los grupos municipales de izquierdas acusan al regidor popular de tratar de silenciar el evento por causas ideológicas.

"Según los técnicos de sonido que hacen estos eventos en Madrid, la limitación del ruido de Almeida les supone un grave problema ya que los conciertos no se escucharán por el público que se encuentre más atrás, retirado del escenario. Las entidades van a cumplir con esos límites ya que de otro modo se enfrentan a multas y a la devolución del patrocinio, algo que no podrían asumir", considera, por su parte, Marta Higueras, que entiende que "sigue sin haber voluntad para que el Orgullo pueda celebrarse en condiciones óptimas".

Con esta decisión, no obstante, no se cumplirá con lo votado por mayoría en el último pleno, en el que la izquierda junto a Cs dio el visto a recuperar la 'barra libre' del ruido autorizada por Manuela Carmena desde el World Pride (2017). PP y Vox votaron en contra. Los organizadores temen multas elevadas, ya que en 2013 llegaron a sancionarlos con 160.000 euros por incumplir el tope de decibelios.