Madrid extiende su ‘Gran Hermano’: Chueca y Marconi tendrán cámaras en 2022
El Ayuntamiento ha invertido 3,4 millones de euros en instalar 108 dispositivos en lo que va de mandato
El Consistorio renovará los aparatos de Lavapiés y Ballesta, que sumarán 17 nuevos, y las de Montera, activas desde 2008
¿Qué alcaldes cobran más en España?
Madrid acabará 2022 con 327 cámaras de videovigilancia controlando los puntos más conflictivos de la ciudad . La medida, que se implantó por primera vez en 2006 para blindar la Plaza Mayor , se ha multiplicado en los últimos años: el Ayuntamiento de la capital (PP-Cs) ha invertido en lo que va de mandato 3,4 millones de euros en instalar 108 dispositivos nuevos , un tercio de los existentes. Chueca y el polígono de Marconi serán los dos nuevos barrios blindados.Así lo aprobó ayer la Junta de Gobierno, que autorizó también remodelar y ampliar este ‘Gran Hermano’ en Lavapiés y en el entorno de la calle de la Ballesta , ambas en el distrito Centro.
Los primeros sistemas de vigilancia no asociados a los radares de Tráfico –un total de 36– fueron instaladas en 2006 en la Plaza Mayor (26) y en el Museo de Escultura al Aire Libre (10). En 2008 estas cámaras se ampliaron hasta llegar a las 28 y se colocaron otras 31 en la calle de la Montera y Ballesta; mientras que en 2009 otras 48 tuvieron como destino el barrio de Lavapiés .
También se produjo entonces la puesta en marcha de manera oficial del propio Centro Integrado de Señales de Vídeo de la Policía Municipal de Madrid (CISEVI), el organismo encargado de visualizar todas las imágenes. Años después, en 2015, vio su radio de acción ampliado con la instalación de otras 47 cámaras en la zona Centro y de 55 más en los bajos de Azca.
Remodelación y ampliación
A ellos se sumarán en los próximos meses las del polígono de Villaverde (23) y Chueca (24). La Junta de Gobierno aprobó ayer el contrato de suministro e instalación de los nuevos sistemas. El pliego contempla también la remodelación y ampliación de las cámaras ya activas por otras más modernas en el barrio de Lavapiés y en el entorno de la calle de la Ballesta. Este enclave se reforzará con 17 nuevas.
Según explicó ayer la delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inmaculada Sanz, el contrato, con un gasto de 2,4 millones de euros (2.460.360), incluye el suministro, instalación y configuración de todos los elementos y su completa conexión con el CISEVI. Está previsto que se inicie a lo largo del primer trimestre de 2022 y que las nuevas cámaras de videovigilancia estén instaladas siete meses después. Para estar operativas deberán, posteriormente, ser aprobadas por la Comisión de Garantías de Videovigilancia. La zona será identificada mediante la instalación de señales informativas en la vía pública.
Para la actual Corporación, esta es «una herramienta fundamental de ayuda a la seguridad ya que facilitan las labores policiales de vigilancia y detección de hechos delictivos y las tareas de investigación, contribuyendo así a la disminución de incidentes en las zonas en que se implantan y, en definitiva, a mejorar la seguridad y la convivencia vecinal».
«Se trata, además, de una herramienta demandada por los vecinos y comerciantes de esas zonas», sostienen desde el Área de Seguridad. «Me consta que la Jefatura de Policía Municipal están especialmente satisfechos con las cámaras y la forma en la que les permite trabajar», ha apuntado», valoró ayer la delegada de Seguridad.
Rechazo de Carmena
Mientras que este tipo de sistemas han sido una apuesta para PPy Cs, para el gobierno de Ahora Madrid no fue una prioridad. Tras meses de protestas vecinales, en marzo de 2017 el pleno del distrito de Tetuán aprobó su puesta en marcha tras varios meses de reyertas y difícil convivencia en el barrio de Bellas Vistas.
Desde entonces, los residentes tuvieron que soportar demoras administrativas provocadas por los diferentes criterios dentro del Gobierno de Manuela Carmena, la falta de presupuesto, las complicaciones técnicas del proyecto, retrasos por la pandemia y hasta sabotajes durante su instalación en los que cortaron los cables para impedir su puesta en marcha.
La lentitud del equipo de Manuela Carmena fue tal que el permiso dado por la Delegación del Gobierno caducó y el Consistorio tuvo que pedir una prórroga de seis meses. Tras dos años sin que apenas hubiera avances en la tramitación de las cámaras, en marzo de 2019, el pleno de Cibeles volvió a recoger esta demanda. Pero no fue hasta un mes después de la toma del equipo de José Luis Martínez-Almeida cuando comenzó a avanzar en el plan.
Una vez conseguida esta demanda vecinal, el Área de Seguridad recibió más peticiones como la de Chueca y la del Polígono de Marconi, que desde ayer están un paso más cerca de ser una realidad.
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