Barbero se esconde en su coche oficial durante la protesta de febrero
Barbero se esconde en su coche oficial durante la protesta de febrero - EFE

La Ley de Seguridad Ciudadana salva del banquillo a Barbero

Sobreseída la causa contra el edil de Seguridad, al haber desaparecido las faltas

Madrid Actualizado: Guardar
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El titular del juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha decidido contra todo pronóstico el sobreseimiento libre de la causa abierta por injurias contra el concejal de Seguridad de la capital, Javier Barbero. El auto, al que ha tenido acceso ABC, sí permite la interposición de un recurso de reforma (ante el propio juzgado de Carretero) y de apelación subsidiaria (ante la Audiencia Provincial). Sin embargo, el sindicato denunciante anunció ayer que no va a recurrir el fallo.

La querella contra el edil de Manuela Carmena fue interpuesta por el Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM), sindicato mayoritario en el sector, después de que el político tildara de «fascistas» las actitudes de un grupo de agentes que protestaron contra él el 16 de febrero en la plaza de la Villa.

El concejal ha criticado en numerosas ocasiones el cambio legislativo que ahora le exonera de injurias

El magistrado califica esta expresión de «desafortunada, máxime cuando se ostenta la representación institucional del Cuerpo y podía constituir la antigua falta de injurias del Código Penal derogado, pero en la actualidad, no existiendo el delito leve de injurias», considera que no puede ser encausado. Es decir, que Barbero se ha beneficiado de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, contra la que él y sus compañeros de partido tanto han bramado; la misma que califican de «Ley Mordaza» los sectores más izquierdistas. Eso sí, el concejal, en todo caso, podría haber incurrido en «un ataque contra el honor del citado sindicato o sus componentes».

También ha tenido a su favor el criterio de la Fiscalía, que invoca sentencias del Tribunal Constitucional que consideran que la misma expresión («fascista») fue utilizada contra el Rey y el Gobierno de la Nación por escrito y con publicidad «y que no ha tenido reproche penal».

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