La Fiscalía pide 3 años y 9 meses de cárcel para el rey de la chatarra por hormigonar parcelas protegidas
Luis Miguel Rodríguez, propietario de Desguaces La Torre, adquirió y construyó sobre suelo «no urbanizable» por su interés «edafológico y agrícola». Le imputan un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia
Al propietario de Desguaces La Torre, Luis Miguel Rodríguez García-Rivera , más conocido como 'el rey de la chatarra' , el horizonte judicial se le está complicando. La Fiscalía de Madrid ha informado de que pide para el empresario 3 años y 9 meses de cárcel por, presuntamente, realizar obras de manera clandestina mediante hormigonado sobre parcelas protegidas por su valor «edafológico y agrícola» en la localidad madrileña de Torrejón de la Calzada.
De este modo, la Sección 15 de la Audiencia Pronvicial de Madrid será la encargada de juzgar desde el 1 de marzo al 'rey de la chatarra' por llevar a cabo construcciones en diversos terrenos sin ningún tipo de autorización. El Ministerio Público solicita, en el escrito enviado al que ha tenido acceso ABC, la inhabilitación para «el ejercicio el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 20 meses de multa con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para las actividades de promoción y construcción inmobiliaria por 3 años», así como una fianza de 500.000 euros para asegurar el coste de la demolición de lo construido.
El escrito de acusación recoge que, dentro de las actividades que realizaba la empresa de Luis Miguel, comenzó un proceso de compra, a nombre de la mercantil, de parcelas próximas a sus instalaciones en dicho municipio «con la intención de realizar una ampliación de las mismas y una diversificación de las actividades». En concreto, entre 2009 y 2011 adquirió 24 parcelas del polígono 1 de Torrejón de la Calzada, «clasificadas como suelo no urbanizable protegido por su interés edafológico y agrícola, al que afecta también protección arqueológica, con unas dimensiones aproximadas de 25 hectáreas».
El conocido 'rey de la chatarra', que fue pareja entre otras de Carmen Martínez-Bordiú o Ágatha Ruiz de la Prada, instaló en el 1986 los Desguaces La Torre con una licencia mercantil. A partir de entonces, señala el escrito del fiscal, empezó a realizar actuaciones de transformación del uso del suelo «mediante el acometimiento de explanaciones del terreno y movimiento de tierras y el levantamiento de un vallado fijo de hormigón» amparándose, en una solicitud de licencia de obra menor presentada el 15 de marzo de 2010 cuya concesión se denegó por el Ayuntamiento a los pocos días por ser incompatible lo solicitado con el planeamiento vigente.
Un año más tarde, el acusado volvió a solicitar las mismas autorizaciones que, por segunda vez, le fueron denegadas y donde se le requería que suspendiera la progresión de las obras, añaden en su escrito de acusación. «Era perfectamente consciente de que estaba actuando sin ningún tipo de autorización y en contra del planeamiento vigente», apuntan, pero no detuvo la progresión de las obras, que continuaron al menos hasta 2016.
Durante este espacio de tiempo ejecutó un cerramiento perimetral en hormigón de «hasta 3 metros de altura, movimientos de tierras y explanaciones, elevación de una nave principal y varias auxiliares, hormigonado de tres campas, viarios consistentes en calles con aceras, encauzamiento de arroyos pertenecientes al dominio público hidraúlico, afectando incluso a la zona de Policía de la línea de alta tensión de Morada-Moraleja y Moratalla-Villaviciosa», recalca la Fiscalía.
Además, apunta que todas las actuaciones llevadas a cabo por el acusado y la mercantil fueron realizadas de forma «clandestina», sin ningún tipo de autorización ni de respaldo legal. La zona afectada, unas 25 hectáreas, sufrió una transformación «radical» y «permanente del terreno» . Y es que el acusado optó por actuar por la vía de hecho, «con la esperanza de que tales actuaciones, en un futuro fuesen legalizadas, no mediante la concesión de las correspondientes autorizaciones en el marco de la legislación vigente, sino mediante un cambio de la normativa vigente, del planeamiento y las Normas Subsidiarias aplicables en el municipio, que pudiese amparar lo que ha ido realizando, dado que con la normativa vigente no son legalizables».
