El edil de Seguridad acosado pide informes y revisa vídeos para sancionar a sus policías

Lejos de asumir que fue objeto de un escrache sin violencia física, como aquellos en los que él participó durante años en su época de «okupa» y en el 15-M, el concejal de Seguridad de Madrid, Javier Barbero, ha ordenado que se abra una investigación sobre lo ocurrido el martes por la mañana cuando abandonaba la sede consistorial. Según ha podido saber ABC, se ha ordenado a las distintas unidades presentes en la vigilancia de la protesta que redacten informes sobre los hechos.

El Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena a través de la marca municipal de Podemos quiere dar un escarmiento a los 200 agentes locales que se arremolinaron en torno al delegado para protestar por el desmantelamiento de algunas de las principales unidades del Cuerpo

: la Policía Turística, los especialistas contra la venta ambulante en cinco distritos y, sobre todo, los «antidisturbios». Los sindicatos, además, se quejan de la falta de diálogo con ellos por parte de Barbero y el director de la Policía Municipal, Andrés Serrano. Este último, hasta su nombramiento el pasado verano, era oficial de Medio Ambiente, y está afiliado a Podemos y CC.OO. Por ello, esta central sindical fue la única que condenó ayer el escrache: «No es tolerable que los policías llamen ‘Rojo de mierda’ al concejal». Una indignación que no mostraron cuando las víctimas de estas protestas eran miembros del Partido Popular.

Los hechos se precipitaron el martes, cuando Barbero y Serrano abandonaban la comisión municipal de Seguridad. Sabían de antemano, porque así se había comunicado, que había una protesta contra ellos de sus propios policías municipales. Ambos responsables políticos, que saben que no son precisamente muy queridos por los agentes sobre los que mandan, llegaron a estar protegidos por siete miembros de la Unidad de Protección, entre ellos un suboficial y un cabo. Estos les advirtieron de que lo más cauto sería salir por la puerta trasera, como ocurría cuando quienes eran escracheados eran los concejales del PP. Pero Serrano se negó: «Yo no tengo por qué esconderme». Y abandonaron las dependencias municipales por la salida principal, en plena plaza de la Villa con la Calle Mayor. «Para colmo, Barbero iba con una sonrisa en la boca, lo que se entendió como una provocación», indicaron a este periódico distintas personas que presenciaron los hechos.

Los insultos les llovieron por doquier, como en cualquier protesta de estas características. Pero los afectados no tuvieron otra idea que esconderse en un mesón cercano y pidieron que acudiera un coche oficial a su rescate. Fuera, los doscientos agentes les gritaban: «¡Barbero, manda a las UCS!», en referencia a la unidad de «antidisturbios» que está eliminando.

Pero como el propio edil y el director de la Policía habían llegado al restaurante invadiendo la calzada, hubo que cortar el tráfico, por lo que el coche oficial tardó en llegar. Lo conducía la chófer y escolta del concejal. Salieron y se metieron en el vehículo, entre más insultos.

Lo peor que llegó después, cuando Barbero anunció que se abriría una investigación por si se había incurrido en algún «delito de odio» contra él; tachó la actitud de sus agentes de «fascista» y culpó de todo a la Delegación del Gobierno, cuando su seguridad depende de sus hombres, y no de la Policía Nacional.

«Él lo provocó»

El despacho jurídico del principal sindicato del sector, CPPM, está analizando si puede tomar medidas contra el concejal por sus palabras. El CSIT condenó «cualquier acto violento, de insultos y amenazas», pero coincidió en que Barbero cayó en «la provocación» y que él y su equipo destacan por «sus decisiones imperativas y falta de negociación». La asociación APMU coincide en que «el escrache lo provocó él, pues no debió de haber salido por la puerta principal, en medio de los manifestantes».

Mientras, la Dirección General de la Policía Municipal ya ha dado orden de que se visionen los vídeos y fotografías del escrache. De hecho, ayer por la mañana empezaron a analizarlos, en lo que los sindicatos califican como una «caza de brujas sin precedentes». El conducto normal es que los identificados pasen por Asuntos Internos y, en función del resultado de la investigación, sea Gestión Disciplinaria quien decida la sanción.