El drama de las 800 familias que no tienen casa por la desidia de Carmena y el PSOE

Residencial Metropolitan: «No sabemos qué va a pasar con lo invertido. No dormimos»

Lo tienen claro. Todo se debe a un cambio de signo político. «Lo dijo el otro día Rita Maestre en televisión. Nos están dejando porque todo lo que haya hecho el PP no les gusta. No se dan cuenta de que el proyecto es beneficioso para Metro, para el barrio, para la ciudad y para los que hemos invertido en él», manifiesta cansada Miriam Sanz, una de las cooperativistas de Residencial Metropolitan. El piso de protección oficial que compró por 210.000 euros se tendría que levantar sobre el terreno que se encuentran en las cocheras de Metro de Cuatro Caminos. El suyo y el de otras 442 familias. De media, llevan abonado 100.000 euros cada uno desde que compraron el suelo a finales de 2014.

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, anunció el mes pasado en la comisión del ramo que tumbaría el proyecto por incumplir el Plan General de Ordenación Urbana al construir un talud sobre las cocheras que supera las cotas establecidas.

Critican los cooperativistas que se enteraron de esta decisión por los medios de comunicación y que habían trabajado codo con codo con técnicos del Ayuntamiento durante más de un año para que saliera adelante. En el Pleno de este mes, Residencial Metropolitan recibirá el tiro de gracia. Tocará volver a empezar.

«Tenemos tres hijas. Teníamos dos cuando empezamos esta aventura. Vendimos nuestro piso de Chamberí porque no podíamos afrontar la doble hipoteca. Decidimos alquilar una casa más pequeña y ahora no sé si puedo mantener mi situación hasta que nos den el piso. Se preveía la entrega a muy tardar en 2020. Ahora no quiero ni preguntar plazos. Mi hija mayor tiene 5 años y la pequeña, 6 meses. El impacto que tiene mi familia es muy profundo y la incertidumbre es absoluta», narra Álvaro Linages, uno de los afectados. «Hemos metido casi todos nuestros ahorros en los 120.000 euros que ya hemos entregado», señala. Su piso, de tres habitaciones, le costaría en total más de 400.000 euros.

Linages cuenta que pensaban que sería difícil conseguirlo, «pero no tanto». Menos aún, cuenta, que se debería «a un problema político». «No aportan ningún documento técnico donde digan que el plan no se ajusta a la ley», protesta.

Miriam también relata que desde que apostaron por una vivienda sobre las cocheras le ha dado tiempo a casarse y tener un niño. Pagan un alquiler de 800 euros, más las contribuciones por el futuro piso. «No sabemos que va a pasar con lo invertido. No dormimos ni he podido reducirme la jornada por mi bebé porque no me llega el dinero para todo», confiesa.

Gonzalo García comparte inquietud con sus compañeros inversores. Ya ha dado en torno a 100.000 euros mientras paga otro arriendo de unos 1.000 euros. «Si cada cuatro años me tengo que replantear el tipo de inversiones que hago, no da ninguna seguridad. En este caso es una vivienda, pero ocurre lo mismo si es un restaurante u otro negocio», comenta enfadado. Y zanja: «Me genera incertidumbre que ante cualquier cambio signo político un proyecto se quede en el aire. Abre un futuro incierto».

Residencial Maravillas: «El Ayuntamiento dice que se ha reunido con nosotros y no es cierto»

El Ministerio de Defensa sacó a subasta pública en 2014 sus terrenos de Raimundo Fernández Villaverde, 50 (Chamberí), unos 14.500 metros cuadrados ubicados a 400 metros del Paseo de la Castellana. Un grupo de cooperativistas que se unió en la figura de Residencial Maravillas lo compró por 111 millones de euros. 355 familias soñaban con tener sus viviendas, a muy tardar, en 2018. El Gobierno de Ana Botella (PP) lo dejó encauzado, pero la llegada de Ahora Madrid y el nuevo PSOE que representa Purificación Causapié lo ha frenado en seco.

Fue la concejal socialista, Mercedes González, la que abanderó la idea de que esta finca «de lujo», como se han referido a ella las voces más críticas al proyecto de ambos partidos, tuviera espacio también para lo público.

En noviembre pasado, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el Plan Parcial de este proyecto, ocasionando la división de Ahora Madrid. Seis concejales votaron en contra junto a los socialistas. Estos inversores se encuentran ahora en fase de sacar adelante el convenio de gestión, que detalla el plan parcial, pero no quieren claudicar con la imposición del PSOE, secundada por el partido de Gobierno, de ceder el patio de la finca para uso público, ya que el plan lo dejaba claro: era un bien privado.

«Hay que ceder un 10% para uso público por ley, bien abonando un importe al Ayuntamiento o cediendo terreno. La Corporación anterior pedía dinero para reducir deuda. La nueva quiere suelo. Si es acorde a la ley, no hay problema, pero el patio interior está regulado en el plan parcial, y quieren que sea público», explica Juan Andrés García, uno de los cooperativistas.

Cada vecino ha desembolsado una media de 250.000 euros por persona desde 2014. «Oímos a sus portavoces, a Manuela Carmena, a Rita Maestre, que esto está solucionado, que nos hemos reunido con los concejales, cuando no es verdad, cuando les hemos pedido citas en numerosas ocasiones y no nos han atendido. Nos gustaría avanzar», señalaba este hombre el pasado miércoles en la finca que ahora pertenece a Maravillas.

Se sienten inseguros, quieren resolver esta situación. «No podemos aguantar indefinidamente ni que tengamos que morir económicamente. Somos familias, nada más lejos que se trate de un pelotazo urbanístico como dicen». A Juan Andrés le costará su vivienda de cuatro habitaciones 600.000 euros. «Un precio imposible en la zona, que cuesta en torno al millón de euros», apunta. Estaba diseñada con piscina y trastero. Ahora duda incluso de que vaya a tener estas calidades. «Viendo lo visto, a saber qué ocurre finalmente. Ya no nos fiamos de nada», lamenta.

Beatriz López cuenta que ha puesto junto a su marido todos los ahorros de todo el tiempo que llevan trabajando. Ella 10 años y él, 15. Tienen un hijo de seis meses que no saben dónde escolarizar. Viven de alquiler en un piso de Atocha, donde pagan un arrendamiento de 1.000 euros. «Además del alquiler, tenemos que ingresar cada mes otros 1.500 euros para la futura vivienda. Lo peor no es el dinero, sino la incertidumbre, dónde matricular a nuestros hijos. Dormimos mal. No sabemos qué no s espera», se queja.

Los cooperativistas ya no saben cuándo podrán entrar a sus pisos. Solo piden que el actual Ayuntamiento se siente con ellos para dialogar. Su futuro, y su salud, está en sus manos.