La Complutense blinda el «Johnny» por temor a nuevos okupas

Cerrado a cal y canto. Férreamente protegido. Así estaba ayer el antiguo colegio mayor San Juan Evangelista, conocido popularmente como el «Johnny», después de que el pasado miércoles 600 policías nacionales procedieran al desalojo de los 310 okupas que, desde hacía 13 meses, se habían hecho fuertes en este edificio situado en el campus de Moncloa. Hubo 84 detenidos.

A primeras horas de la tarde, un dispositivo policial custodiaba discretamente el exterior del colegio, ya vacío. Dentro, varios agentes de seguridad privada –contratados por la Universidad Complutense (UCM)– vigilaban todo el recinto y los tres edificios de los que consta el complejo. Policía y Universidad han optado por «blindar» estas instalaciones el mayor tiempo posible para evitar un nuevo asalto de okupas

, mucho más probable a partir de ahora que comienza la bajada drástica de las temperaturas.

«Algunos de los que fueron desalojados han estado merodeando por los alrededores. Eso no es nada bueno. Hay que estar atentos», comentan fuentes próximas a la Universidad.

Tras el desalojo del miércoles –iniciado a las seis de la mañana con un impresionante despliegue policial–, el juez otorgó el edificio, de forma cautelar, a la Complutense. Por eso, esta institución es la que, de momento, corre con los gastos de la seguridad privada que vigila el «Johnny». También paga los trabajos de cierre de entradas y el tapiado de puertas y ventanas.

Ayer mismo pudimos comprobar que una de las puertas principales de acceso no es que tuviera un candado, es que había sido soldada. De la misma forma se ha procedido con otras entradas secudarias y se ha añadido altura al vallado.

El «Johnny», como hemos señalado, está sobre terrenos de la UCM. Unicaja y la Complutense mantienen un complicado contencioso por la titularidad del edificio. La primera dice que su concesión acabó en junio de 2013 y que por eso se fue. La UCM niega la mayor y dice que Unicaja hizo dejación de sus responsabilidades. Los destrozos causados en año y medio por los okupas pueden costar 15 millones.