La chapuza (legal) del Tranvía de Parla

El tranvía de Parla, ese quebradero de cabeza para el anterior secretario general de los socialistas madrileños y exalcalde de la ciudad, Tomás Gómez, vuelve a estar de actualidad. Un informe del Tribunal de Cuentas ha resulto que esta polémica obra no reviste ninguna responsabilidad penal ni contable. Aunque, eso sí, afea que no se cumplieran los plazos para engordar su coste y no se informara de algunos asuntos al Consorcio Regional de Transportes. Y da una serie de toques de atención para que en futuras contrataciones similares no se caiga en los mismos errores.

Esta falta de indicios penales llevó ayer a Gómez a sacar pecho y exigir al líder nacional del PSOE, Pedro Sánchez, que le pida disculpas públicamente.

Como se recordará, el exsecretario regional fue defenestrado en febrero de 2015 por su rebeldía ante Ferraz y por las sospechas de su gestión como alcalde de Parla.

Purgados por Ferraz

Ayer, insistió a Efe en que «nunca ha habido una sola imputación ni ningún problema de tipo judicial» con el tranvía y exigió que se excusasen tanto a Sánchez como al secretario de Organización del partido, César Luena: «Igual que dieron en su momento una rueda de prensa sembrando dudas, ahora deberían dar una rueda de prensa pidiendo disculpas, no solamente a mí y a mi familia, sino a tantos militantes y cargos públicos de la federación socialista madrileña que fueron purgados».

También tuvo un recuerdo para su compañero y amigo Antonio Miguel Carmona, que a inicios de agosto fue descabezado de la portavocía del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid por su cercanía a Gómez. Ahora es edil raso: «Es una de las víctimas, sin duda, con las que más se han ensañado». El concejal también habló ayer al respecto, y señaló a la cúspide de Ferraz: «Para ser buena persona no hace falta ser socialista, pero para ser socialista sí hace falta ser buena persona».

Tomás Gómez adjudicó en 2005 por 93 millones de euros el proyecto del tranvía de Parla, cuyo precio finalmente se triplicó hasta los 256 millones. Ese sobrecoste, además del Tribunal de Cuentas, lo investiga el juzgado número 5 de Parla.

Según la Cadena Ser, el Tribunal de Cuentas no ve responsabilidad penal ni contable en las obras y la contratación de la infraestructura.