Cazan al edil de Puente de Vallecas con adjudicaciones irregulares de contratos

El concejal-presidente de Puente de Vallecas, Francisco Pérez Ramos (Ahora Madrid), trató de fraccionar contratos con la intención de burlar la ley y cometió irregularidades en otras cinco adjudicaciones menores conocidas, según los informes de la Intervención Delegada del distrito, a los que ha tenido acceso este periódico. El edil, conocido por ser el fundador de Tele K y por su defensa a ultranza del delincuente «Alfon», fue cuestionado por ello en la Junta Municipal celebrada ayer, preguntado por Pedro Corral (PP).

De estos seis contratos, una mitad se suspendió y la otra terminó ejecutándose a pesar de las instrucciones de este órgano. Los que no se llevaron a cabo fueron un festival flamenco; la instalación de un tobogán de hielo y la adjudicación de un programa para combatir el absentismo escolar.

Este último, adjudicado por la Gerente del distrito con fecha de 2 de octubre de 2015, no se fraguó por «considerarse que pudiera estarse fraccionando el contrato», en base a lo establecido en el artículo 86.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). Según el informe, se concedieron dos contratos menores que proponían exactamente lo mismo; uno por 17.067 euros y el otro por 17.900. Ambas cifras rozaban el mínimo establecido por la ley en este tipo de firmas para que sea obligatorio su concurso, 18.000 euros sin IVA, una argucia utilizada con frecuencia en la trama corrupta Gürtel y que el Gobierno de Manuela Carmena ya empleó para asignar a dedo la Cátedra de Memoria Histórica a Mirta Núñez Díaz-Balart. En este caso, como informó ABC, se ajustó por un euro.

Se adjudicó el contrato «Programa de fomento de la escolarización obligatoria en edades tempranas» y, simultáneamente y a la misma partida, se propuso un programa de fomento de intervención para la prevención y control del absentismo encubierto. La Intervención Delegada devolvió el expediente el día 20 del mismo mes porque, además, ambos «constituyen una misma unidad operativa y funcional».

Concesión a la peor oferta

El contrato del festival flamenco se suspendió bajo la premisa de que iba a estar enmarcado en una actividad mayor, la programación cultural de 2016, porque incluye un ciclo musical de este género. Respecto al tobogán de hielo, el documento interventor define varias irregularidades, pero destaca que se accedió a que el adjudicatario cobrara el 50% del presupuesto sin ni siquiera hacer el trabajo, «lo cual no es conforme con el procedimiento administrativo en donde el pago se efectuará previa realización del servicio».

El mismo órgano aportó observaciones a contratos homólogos que, igualmente sospechosos de contravenir la ley, cristalizan las artimañas de Pérez Ramos en Vallecas. En la adjudicación de unas jornadas de convivencia para niños, avanza la Intervención, «no se alude a la competencia». Pese a que el presupuesto presentado por uno de los candidatos es inferior y más ajustado a lo demandado, el desfase final entre la oferta más barata y la ganadora fue de 449,6 euros (3.199,60 frente a 2.7250).

No se firmaron los presupuestos aportados al expediente y tampoco se cumplió con la obligación de que en los contratos menores superiores a 1.000 euros se adjunte un mínimo de tres presupuestos que acrediten que la asignación garantiza una adecuada prestación del servicio. Pero hay más. Aunque en dos opciones había pensión completa para los menores, el adjudicatario solo hablaba de desayunos y servicios de comedor, por lo que «no queda claro si el régimen alimenticio es el solicitado».

Otra firma ajustada al máximo, con la misma intención, fue la del suministro de equipos audiovisuales, de 17.476,97 euros. Según el informe fiscal, la Comisión de Licitación, celebrada el 12 de noviembre, «no se hizo correctamente».

Sin justificación

El controvertido edil, ausente, «coló» a uno de sus asesores, Ángel Luis Farnos Carreño. Sin conocerse el propósito de su presencia, lo cierto es que supone algo inédito, pues se trata de un espacio reservado a los técnicos. Añade el informe que «tampoco se aporta al expediente la designación de tal Comisión por el órgano competente» y, por último, consta que «quien debe elevar la propuesta de adjudicación es la Comisión de Licitación».

El último contrato susceptible de ilegalidad es la de la organización de la «Jornada de Estados Generales» en el distrito, si bien el informe no tiene naturaleza fiscalizadora. Hacienda obliga a adjuntar un estudio económico que justifique el presupuesto, acorde a los valores del mercado, pero en esta adjudicación no existe. Se deduce así que las estimaciones fueron abstractas y sin base que las acrediten.