El Ayuntamiento insiste en el cierre de los CIE a pesar de su falta de competencias

El Pleno de Cibeles, con los votos de Ahora Madrid y PSOE y a pesar de que sobrepasa sus competencias, ha aprobado esta mañana una moción de urgencia para pedir formalmente el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). La proposición, que ha contado con la negativa de PP y Ciudadanos, está enfocada especialmente al centro de Aluche, donde el pasado día 19 se produjo un intento de fuga de los internos.

La medida ha evidenciado de nuevo la total división en dos bloques de la corporación. En este caso, salió adelante gracias al voto de calidad de la alcaldesa, Manuela Carmena, tras el empate a 27 por la ausencia de los ediles Celia Mayer (Ahora Madrid), Antonio Miguel Carmona (PSOE) y Sofía Miranda (Ciudadanos).

Como es habitual, dada esta fractura, la crítica ha llegado desde el PP y Ciudadanos, que reprocharon una vez más que el Ayuntamiento carece de competencias en el tema de los CIE, dedicación exclusiva del Ministerio de Interior. La concejal popular Inmaculada Sanz acusó al delegado de Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, de montar un «show televisivo» en la madrugada en la que se produjo el motín en Aluche: «Hizo de todo menos ayudar, fue a azuzar y a hacerse la foto». Sanz, que ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid «no es la ONU», ha conminado al equipo de Gobierno a corregir su «dejación de funciones» por no sancionar, presuntamente, delitos previstos en la Ley de Seguridad Ciudadana como el botellón, las cundas de la droga o el desacato a la autoridad y derivarlos a la Delegación del Gobierno.

Si bien sus palabras se dirigieron a la bancada de Ahora Madrid, también dedicó una parte al PSOE: «Hay que tener mucha cara para pedir el cierre de los CIE cuando en 2005 Zapatero abrió el de Aluche». En una consideración que fue extensible a toda la sesión, acusó a los socialistas de ser los «costaleros» del Gobierno para «hacer demagogia». No obstante, aunque José Luis Rodríguez Zapatero sí inauguró el centro madrileño, fue un proyecto heredado del Gobierno anterior, presidido por José María Aznar.

«Agujeros de la vergüenza»

El edil de Seguridad y Emergencias ha tildado a los CIE como «agujeros de la vergüenza» y ha basado su intervención en las supuestas atribuciones del Consistorio. «El Ayuntamiento tiene competencias; el Samur ha entrado hasta 20 veces en el último año», ha asegurado. Tanto en el Pleno como después, ante los periodistas, Barbero ha reiterado que, además, las entidades locales poseen «competencias en derechos humanos». Tras parafrasear a Martín Luther King por la «indiferencia» de la sociedad, ha dicho que estos centros «se pueden cerrar mañana» porque son un problema de «voluntad política».

De nuevo sobre las competencias, Barbero ha elevado el tono y ha reiterado que, como concejal de Emergencias de Madrid, «es una emergencia que haya 39 señores en una noche lluviosa en un tejado con riesgo de caerse». Sobre este tema, ya finalizado el Pleno, Begoña Villacís ha dicho que bajo ese criterio «también tendría competencias en los hospitales donde hay madrileños».

En la misma posición que el Gobierno municipal se ha mostrado el grupo socialista. Durante la sesión fue Mar Espinar quien defendió su apoyo a la moción porque «la política sin humanidad es un monstruo». Minutos después, ante los medios, fue la portavoz, Purificación Causapié, quien justificó su decisión: «Pensamos que es importante que se busquen alternativas al internamiento de personas y es posible que el Ayuntamiento busque alternativas». En ese sentido, Barbero añadió que desde el Consistorio ya se trabaja en este extremo.

En la misma línea que el grupo popular, Silvia Saavedra, de Ciudadanos, ha instado al Gobierno municipal a que «se centre en sus competencias» y se ciñan exclusivamente a «los problemas de los madrileños». Después de enumerar los problemas existentes en la capital y preguntar por qué no ha apoyado a los policías heridos en el Bernabéu, tras los disturbios con ultras polacos, ha señalado que su partido sí está de acuerdo con que «se produce un menoscabo de los derechos humanos» en estos centros.