Carmena volverá a abrir un proceso para declarar nula la venta de viviendas a «fondos buitre»
El Ayuntamiento estudia, además, recurrir la sentencia del Tribunal de Cuentas para reclamar de nuevo los 127 millones de euros, en vez de los 25 establecidos, a Ana Botella y otros siete miembros de su equipo
El Tribunal de Cuentas emitió ayer la sentencia por la que condena a la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella (PP) y a los que fueron concejales en su equipo de Gobierno por la venta de 1.800 viviendas públicas a fondos de inversión en 2013 por debajo de su precio de mercado. El Tribunal, como se ha sabido este viernes, cifra en 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó al patrimonio de la ciudad a través de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS). Por ello, declara responsables contables directos al que fuera consejero delegado del organismo, Fermín Oslé , a la entonces regidora, Ana Botella, a Concepción Dancausa , Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González, Dolores Navarro y Pedro Corral . Todos ellos deben asumir el pago solidario -de su bolsillo- para resarcir los daños .
El Gobierno de Manuela Carmena ha anunciado este mediodía que va a reiniciar el procedimiento para conseguir que la venta de pisos públicos a fondos buitre de aquella época se declare nulo . En septiembre de 2017, la Junta de Gobierno aprobó comenzar este procedimiento administrativo, pero se archivó porque necesitaba un dictamen vinculante de la Comunidad de Madrid que avalara el trámite. Éste resulto negativo. De nuevo necesitarían el informe del Gobierno regional, que preside Ángel Garrido , para conseguir su propósito, así que estudian otras vías con la que puedan soslayar la decisión de la Real Casa de Correos.
En paralelo, el equipo municipal estudia interponer un recurso para reclamar al Tribunal de Cuentas los 127 millones de euros que exigía inicialmente a los condenados. Higueras, acompañada del actual consejero de la EMVS, Felipe López Barquero , ha destacado que la venta de viviendas llevada a cabo no era ilegal. «Nosotros ya hemos cambiado los estatutos para que jamás la vivienda pública pueda ser vendida, fue lo primero que hicimos nada más llegar, pero no es una actuación ilegal. En su día los estatutos lo permitían. Lo que es ilegal es el procedimiento de venta , que se hizo sin publicidad, sin concurrencia, con un valor pactado, en fin, todo eso es lo que es ilegal, lo que genera un quebranto patrimonial».
Recurso de los condenados
Higueras ha querido «ser prudente» a la hora de pronunciarse sobre esta sentencia, ya que no es firme y los condenados han anunciado que la recurrirán atendiendo a la solicitud de desestimación de la Fiscalía al no apreciar responsabilidad contable y el hecho de que la Junta General de Accionistas de la EMVS, de la que formaban parte, «ratificó el plan de viabilidad que el Consejo de Administración» de la empresa pública había aprobado previamente.
Aunque esta sentencia llegue a ser firme, el problema de las 1.800 familias sigue presente. Algunas ya han sido desahuciadas. Otras han tenido que abandonar los pisos por el elevado alquiler, como ha reconocido Higueras.
Higueras ha aprovechado para pedir a Ciudadanos, «que en la comisión de investigación cambió su sentido de voto de pasar a apoyarlo pasaron a abstenerse» para que «reconsideren su postura y tal y como estamos haciendo nosotros y apoyen la demanda que el PSOE promovió en un procedimiento penal que está actualmente en curso en los juzgados penales».
A la rueda de prensa donde se ha valorado el contenido de la sentencia han acudido casi todos los concejales del equipo de Gobienro, incluido Carlos Sánchez Mato y Rommy Arce. Una muestra, como ha definido la primera teniente de alcalde, de que la vivienda es su prioridad.
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