Carmena planea destituir a la edil de Tetuán para «salvar» a Celia Mayer

Manuela Carmena quiere mantener en el barco de Cibeles a Celia Mayer pese a que todos los partidos de la oposición se han puesto de acuerdo en achicar agua y pedir su destitución ante un hecho que consideran imperdonable: la programación y representación de un espectáculo violento para niños en carnavales. De momento, Mayer mantiene su escaño y puede que así quede, teniendo en cuenta que lleva el peso de los errores del callejero franquista, la adjudicación de un contrato a dedo a la Cátedra de la Memoria Histórica que dirige la hija de la primera mujer de Fidel Castro y que aún tiene por delante cuatro meses para borrar del mapa madrileño todas las reminiscencias de la dictadura.

La regidora introdujo ayer una clave en su comparecencia tras el escándalo de los titiriteros: «Hay que indagar respecto a la responsabilidad del área y del distrito de cómo no se hizo una labor de análisis de seguimiento para saber exactamente cuál iba a ser el contenido [de la obra]».

Carmena puso así el foco en Montserrat Galcerán, concejal del distrito de Tetuán y de Moncloa. «Tiene que haber responsabilidades con las personas que no hicieron lo que debieron por lo que sea, por exceso de confianza o por las circunstancias que sean y tomaremos medidas con esas posibles actitudes que no queremos que se vuelvan a repetir», sentenció la alcaldesa.

Galcerán, catedrática de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y militante de Podemos, es vecina de Tetuán y estaba inmersa en los movimientos vecinales relacionados con el 15-M y las asambleas del distrito, al igual que Ramón Ferrer Prada, el director artístico que el Consistorio contrató por 5.600 euros para diseñar el programa el carnaval. Por ahora, toda la culpa ha recaído sobre dos personas externas, supuestamente, al Ayuntamiento. Una de ellas es Ferrer, que fue escogido también en octubre como vocal vecino de Tetuán por Ahora Madrid, aunque renunció a este cargo, por el que hubiera cobrado 700 euros, «por motivos personales», según el Consistorio.

Fue Galcerán la que el pasado sábado, en el pregón del carnaval, trató de calmar a los manifestantes que boicotearon el acto pidiendo la libertad de los titiriteros con la única frase que acertó a decir: «Conseguiremos la libertad para todos».

Manifestó la dirigente madrileña que ella misma revisó el resto de contenidos de la programación del carnaval junto a Celia Mayer, tratando de eximir de culpa a la misma. Ayer por la mañana, la delegada de Cultura comunicó en Twitter que, como presidenta de Madrid Destino, solicitó la retirada de la denuncia a los servicios jurídicos del Ayuntamiento contra los intérpretes que permanecen en la prisión de Soto del Real por haber cometido un presunto delito de enaltecimiento de terrorismo.

Contradicción municipal

«Esta denuncia fue puesta exclusivamente con la intención de esclarecer lo sucedido durante el espectáculo y nunca por nada que tuviera que ver específicamente con un supuesto enaltecimiento del terrorismo», manifestó. «La obra –continuó– era inaceptable para el público infantil asistente, pero esto no puede justificar bajo ningún concepto la utilización interesada que se está haciendo de este caso ni la desproporción de los cargos que se les imputan».

La alcaldesa trasladó que no se retiraría: «La denuncia ha sido por incumplimiento de la contratación y la agresión a la sensibilidad al público infantil por lo que significaba un espectáculo de estas características». Para Mayer, las demandas que se han interpuesto contra los concejales de Ahora Madrid son «un claro intento de distraer la atención respecto a las decenas de casos de corrupción abiertos en la actualidad, pero, sobre todo, esta ofensiva tiene el objetivo de desestabilizar a un gobierno elegido democráticamente y que representa las aspiraciones de cambio de mucha gente».

Daño al Ayuntamiento

Nada más comenzar la rueda de prensa de la alcaldesa transmitió su pesar y el grave daño que ha causado este episodio en su gobierno. Mostró la colaboración de la Corporación con el Ministerio Fiscal, la Fiscalía de Menores y el Juzgado de Instrucción de la Audiencia Provincial. En consideración de la que fuera vocal en el Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno de los jueces, la decisión es «de un rigor excesivo». «Existe una prisión sin fianza que no es habitual en este tipo de procedimientos», opinó. Carmena recalcó que se trataba de un espectáculo de ficción y defendió «los márgenes de la libertad de expresión».