El Canal reorienta su estrategia y pone a la venta sus 25 empresas en América Latina

El Canal de Isabel II, núcleo de la presunta corrupción destapada en la operación Lezo, venderá todas sus empresas en América Latina antes de que acabe el año. Así lo avanzó ayer el consejero de Presidencia y también presidente de la entidad, Ángel Garrido, que mostró el compromiso de Cristina Cifuentes por mantener el «carácter cien por cien público» de la empresa. «Será un proceso ordenado, transparente y que asegure la obtención de la mayor rentabilidad posible para los madrileños», declaró Garrido en el debate monográfico en la Asamblea. El proceso, que ya ha comenzado en algunos casos, afecta a 25 sociedades radicadas en Uruguay, Ecuador, Brasil, Colombia, República Dominicana, México, Venezuela, Panamá y Costa Rica.

El Ejecutivo regional toma esta decisión después de un «proceso de reflexión estratégica» sobre su presencia internacional.

«La actividad del Canal se circunscribirá exclusivamente al territorio nacional», alegó Garrido. Con el objetivo de garantizar ese «carácter público», la propuesta prevé la modificación de la Ley 3/2008 y eliminará la posibilidad de que entre capital privado en el Canal de Isabel II, en paralelo a la opción de que los municipios que no se incorporaron al modelo de gestión vigente puedan hacerlo próximamente. Asimismo, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid detalló que aquellos que sí tengan un convenio con el canal podrán mantenerlo o renunciar a él.

Este anuncio llega tres semanas después de la detención del expresidente regional Ignacio González –que también presidió el Canal– por sus tejemanejes en la entidad. De hecho, una de las piezas que se investiga en la operación Lezo remite a un posible sobrecoste en la compra de la filial latinoamericana Inassa, en el año 2001, y una supuesta irregularidad en la adquisición de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, en 2013. El que fuera presidente ejecutivo de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, también se encuentra en prisión.

Ángel Garrido explicó que el proceso de liquidación de estas 25 empresas será «ordenado». El Canal de Isabel II, apuntó, contratará un asesor financiero externo con experiencia en este tipo de procesos, con el objetivo de aportar un punto de vista diferente, según las diferentes alternativas que se planteen en cada caso, y la elaboración de un calendario. De las 25 entidades que saldrán a la venta, una docena ya están inmersas en procesos de liquidación y disolución. Es el caso, por ejemplo, de Watco dominicana.

El consejero de Presidencia, que hizo un alegato en favor de los trabajadores del Canal y su honestidad, acaso para alejar la alargada sombra de la gestión de Ignacio González, defendió el hecho de que se contrate a un asesor externo para garantizar que se ejecuta la operación. «El riesgo de no hacerlo podría suponer que la operación finalmente no pudiera realizarse o que supusiera una pérdida de valor significativa», defendió Garrido.

Segunda fase

El trabajo de este asesor dará paso a una segunda fase de análisis, en la que el consejo de administración del Canal recogerá sus propuestas y las estudiará para, después, tomar el acuerdo correspondiente. Fuentes del Gobierno regional explicaron que estos acuerdos «incluyen la oportunidad de iniciar un proceso de enajenación y, si sale adelante, el procedimiento, el calendario y el objeto de desinversión».

Si bien este proceso de liquidación coincide con la operación Lezo, desde el Gobierno regional insisten en que este proceso arrancó el pasado mes de junio. Entonces, los responsables del Canal de Isabel II optaron por «cerrar las participadas latinoamericanas que no tuvieran actividad o cuyo objeto social no estuviera relacionado con la gestión integral del ciclo del agua». Aunque aún no se ha detallado un calendario fijo de esta desinversión, la previsión que maneja la Comunidad es que en todos los casos haya concluido antes de que acabe el año. Después, la premisa fundamental es que la sociedad anónima tenga un capital exclusivamente público.

La garantía de que la empresa sea completamente pública, asegura Garrido, es uno de los tres pilares sobre los que trabaja Cifuentes desde su llegada a Sol. Los otros son la congelación de las tarifas del agua y, estrechamente relacionado con el primero, un periodo de diálogo con los trabajadores del Canal para aprobar un nuevo convenio. «Los 2.590 empleados de la compañía nos hacen sentir muy orgullosos», señaló Garrido.