La Asamblea de Madrid estudia incrementar los controles sobre la figura del becario

El grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea ha registrado una proposición no de Ley para crear en la Comunidad de Madrid un Observatorio de los becarios que permita conocer, con datos oficiales, cuántos se emplean y en qué circunstancias desarrollan su labor en la región. El texto, registrado para su debate en el Pleno por el diputado Pablo Padilla, hace hincapié en la necesidad de controlar los contratos de becarios para hacer frente al «fraude generalizado» de las llamadas «prácticas» en las empresas.

En concreto, se pide que un organismo público regional, de nuevo cuño, ofrezca luz sobre el «alcance, cuantitativo y cualitativo», de la «becarización» del mercado laboral. Este deberá arrojar cifras oficiales sobre diferentes aspectos: el número de becarios, su situación administrativa, condiciones económicas, calidad formativa y el porcentaje que representan en las plantillas de las empresas.

También se pide instar al Gobierno para que se supriman las «prácticas no laborales en empresas» dirigidas a estudiantes ya titulados. Podemos ya registró en marzo en el Congreso de los Diputados una iniciativa en ese sentido, ya que considera que esa figura «desprotege a los trabajadores jóvenes» permitiendo su incorporación al puesto de trabajo «fuera del marco del derecho laboral», lo que a su vez «desincentiva» la contratación «mediante las formas habituales».

Contra el «fraude»

En tercer lugar, se recomienda a las Universidades que, «desde el máximo respeto a la autonomía universitaria», revisen los convenios con empresas para evitar «posibles fraudes de ley o situaciones que vulneren los derechos de los estudiantes», titulados o no titulados. Y que «únicamente» se hagan acuerdos con empresas que remuneren las prácticas «en base a lo que establece el sarlario mínimo interprofesional», cumpliendo las condiciones laborales y retributivas de los convenios colectivos de aplicación. Padilla sugiere que «esta revisión podría concretarse en la elaboración de un Libro Blanco de buenas prácticas, que recoja las recomendaciones del alumnado, los servicios de orientación de empleo de la Universidad y las empresas.

Según su denuncia, la ausencia de organismos y, por tanto, de estadísticas oficiales sobre el número de becarios en España «refleja no solo la poca importancia que se concede» a estos, sino también «la indefensión en la se encuentran a la hora de defender sus derechos». Padilla critica que la radiografía actual es muy inexacta y censura que el Gobierno de Cristina Cifuentes «obvia la becarización del mercado laboral no dedicando ni un epígrafe a este fenómeno» en su Estrategia Madrid por el Empleo, suscrita en marzo con la patronal y los sindicatos.

Se recuerda en el texto que el Tribunal Supremo restableció en mayo de 2013 la obligación de las empresas de cotizar por sus becarios retribuidos, pero nada se sabe de los que no reciben beca. «Sabemos que en 2013 había 20.000 becarios cotizando a la Seguridad Social y en 2015 ascendían a 70.000», afirma Padilla. Según los cálculos de Podemos, habría un «mínimo de 180.000» becarios, cotizantes o no, empleados en España. Y en cualquier caso, denuncia el grupo de Podemos, «la cotización de los becarios es precaria e insuficiente» que no genera derecho a recibir subsidio de desempleo.

El diputado cita un estudio de la Comisión Europea, «The experience of traineeships in the EU», que indica que el 61% de los becarios en España no reciben una compensación económica por sus prácticas; el 37% reconoce no haber firmado «ningún tipo de acuerdo» con la empresa, mientras que el 72% admite tener una carga de trabajo, en horario y tareas, equivalente a los empleados en plantilla.

El grupo de Podemos en la Asamblea critica que el «fraude generalizado y la laxa regulación» de las prácticas externas en empresas -reguladas desde 1981 como parte de la formación universitaria- ha creado para los jóvenes «una barrera de entrada» al mercado laboral en «condiciones dignas, abocándolos a encadenar prácticas, sin los derechos propios de los trabajadores y, en muchas ocasiones, sin remuneración». Por todo ello, se pide actuar contra el abuso de becarios. «La concatenación de prácticas curriculares, prácticas extracurriculares, prácticas no laborales y, finalmente, contratos laborales de formación o en prácticas, de manera que el trabajador joven no realiza su inserción plena hasta pasados varios años, durante los cuales desempeña funciones propia de un trabajador pero sin derechos laborales y con contraprestaciones económicas casi siempre por debajo del salario mínimo», se recoge en la PnL presentada ante la Cámara regional.

En su iniciativa registrada en marzo en la Cámara Baja, Podemos exigió regular las prácticas y las becas en las empresas para que sean remuneradas con el salario mínimo interprofesional en jornada de ocho horas; o bien, mediante el prorrateo del sueldo según las horas trabajadas. También pretenden que se fije un límite anual de 500 horas, sin superar las 6 horas diarias, establecer una remuneración obligatoria a los becarios, limitar a uno el número de convenios por cada plan de estudios, así como el número de becarios a un máximo del 5 % del total de la plantilla de la empresa. En el caso de que tengan menos de 10 trabajadores, sólo se permitiría una persona.