Aranjuez: el PP denuncia a la alcaldesa por no devolver la subida de sueldos
Dos sentencias, la última de junio de 2018, anulan el aumento salarial
El PP de Aranjuez va a denunciar a la alcaldesa de Aranjuez por considerar que puede haber incurrido en delitos de prevaricación y malversación de fondos al no cumplir, a su juicio, la sentencia que anula la subida de salarios aprobada por decreto de la alcaldesa en el verano de 2015. El Gobierno municipal, sin embargo, asegura que la ha ejecutado, aunque precisa que basándose en informes de la Secretría y la Intervención, ha pagado de nuevo a los ediles afectados por el servicio prestado. El PP lo considera todo una argucia contable para no reintegrar a las arcas públicas el dinero que salió indebidamente.
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Desde que en 2015 el PP denunció la subida de salarios que autorizó la alcaldesa mediante un decreto, y tras las dos sentencias anulando ese acto, no han cejado en su empeño de que el Gobierno municipal devuelva lo cobrado indebidamente. Pero cree que el procedimiento que abrieron las autoridades de Aranjuez para devolver lo cobrado ilegalmente «no se diseñó para tal fin sino para mentir encubriendo el incumplimiento». Por eso ahora van a denunciar a la alcaldesa, Cristina Moreno (PSOE) por posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos.
Dos veces la razón
Tras la subida de salarios, el PP llevó el caso a los tribunales en julio, por considerar que la regidora no tenía competencias para aprobarlo. Y los jueces le dieron la razón. Hasta en dos ocasiones, de hecho: declararon la nulidad del decreto de la alcaldesa y de los que le siguieron por parte del concejal de Hacienda. Tras los dos fallos, en octubre de 2018, con las cantidades aún sin reintegrar, el juzgado de lo contencioso número 9 de Madrid dictó una diligencia pidiendo al Gobierno de Aranjuez que le comunicara al juzgado qué órgano ejecutaría la sentencia.
El Gobierno municipal, informa Ep, asegura haber ejecutado ya la sentencia: el concejal de Hacienda emitió un decreto en que requería a los siete concejales afectados para que reintegraran al Ayuntamiento las cantidades percibidas como salarios entre junio y noviembre de 2015, las anuladas por los tribunales. Los ediles presentaron escritos de alegaciones en base a la necesaria retroactividad de sus retribuciones económias como contraprestación a su trabajo en el Ayuntamiento de Aranjuez en régimen de exclusividad. También alegaban que se produciría enriquecimiento ilícito de la Administración por un trabajo –el de ellos– prestado y que, tras la sentencia, queda sin remunerar.
Aseguran basarse en informes del letrado municipal, la Secretaría General y la Intervención que reconocen que se daría ese enriquecimiento ilícito de la administración si no se les retribuyera por su dedicación exclusiva.
Pero la explicación no convence en absoluto al PP . La ex alcaldesa María José Martínez de la Fuente, ahora presidenta y portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Aranjuez, manifestaba ayer que «la alcaldesa y sus concejales, en lugar de depositar en las arcas municipales aquello que ilegalmente sacaron de ellas, han consumado un procedimiento diseñado no para tal fin, sin para mentir a la Justicia y encubrir el incumplimiento de la sentencia».
Simulación
De hecho, estima que el procedimiento seguido por el Gobierno municipal es una operación de «ingeniería procedimental»: a través de un total de doce nuevos decretos, «simulan la devolución de una cantidad y por otro lado y a continuación, vuelven a reintegrarse esa misma cantidad», denuncia Martínez de la Fuente.
De esos doce decretos, añadió, dos –de fecha 20 y 27 de diciembre– fueron enviados al juzgado encargado de velar por el cumplimiento de la sentencia, y en ellos «se simula el cumplimiento o devolución, de modo que han ocultado al juez los otros diez decretos dictados a partir del 15 de enero que perpetran el reintegro ilegal de esas mismas cantidades». Como consideran que esto es un intento de engañar al juez, el PP anunció ayer que, en paralelo con las acciones penales, «informaremos de los hechos al juzgado» que vigila el cumplimiento del fallo.
