Memoria Histórica
Almeida sólo recuperará los nombres de las calles que ordene la Justicia
El Ayuntamiento de Madrid acumula ocho sentencias desfavorables y otras dos demandas pendientes de resolución
La decisión de revisar el callejero madrileño para eliminar los vestigios franquistas la emprendió el gobierno de Manuela Carmena, pero será el del actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), el que tendrá que asumir las consecuencias económicas y judiciales de aquella determinación que suscitó una oleada de recursos administrativos y en los tribunales. El Consistorio acumula hasta la fecha ocho sentencias en su contra, recurridas ante el TSJM, que obligan a restaurar los nombres originales de nueve de los 52 viales y todavía tiene otras dos demandas pendientes en primera instancia. En el pleno de marzo de 2017, cuando se aprobó la propuesta del Comisionado de Memoria Histórica , los populares se abstuvieron por considerar que clasificaba a vivos y muertos con «maniqueísmo». Ahora que el gobierno lo encabeza la coalición de PP-Ciudadanos, el regidor, en la línea con lo votado entonces, tomará una decisión salomónica: «El gobierno cambiará las calles que dicte la Justicia», indicaron a ABC fuentes municipales.
A pesar de las demandas pendientes, Ahora Madrid decidió emprender el cambio de las placas en abril del año pasado. Sólo en dos enclaves no pudieron desatornillarlas, puesto que los autos judiciales llegaron antes que los operarios. El Colectivo de Familiares de Caídos en Rusia logró su objetivo y todavía lucen en Chamartín los distintivos de Caídos de la División Azul, y en Chamberí se mantienen las del General Asensio Cabanillas. En el primer caso, el juez argumentó que «la División Azul se formó en 1942, tres años de finalizar la Guerra Civil» y que su actuación se realizó fuera de España. En el segundo, la magistrada consideró que «no existe dato, ni prueba que dé razón concreta y motivada a la retirada de la calle amparándose en la Ley de Memoria Histórica».
En general, la «falta de motivación» fue la razón de peso que empujó a los jueces a sentenciar a favor de restaurar el nombre original, como en el de la calle de los Hermanos García Noblejas , situada en Ciudad Lineal, donde el magistrado afirma en el fallo que «los juicios de valor» que el Comisionado realiza no están «justificados». En otros casos, aceptaron el recurso simplemente porque al afectado se le concedió la calle por los méritos profesionales logrados antes de la contienda, como la del alcalde Cirilo Martín Martín (en Moncloa-Aravaca) o la del fundador de la Legión, el general Millán Astray –cuya calle está en el distrito de Latina–, a quien se le otorgó el homenaje en 1924. «Fue doloroso ver que quitaban la placa apenas unos días antes de que saliera la sentencia», expresa a este diario el portavoz de la Plataforma Patriótica Millán Astray, Guillermo Rocafort. «En 2020 se celebra el 140 aniversario de su nacimiento y recuperar antes su placa sería una forma de desagraviarnos después de todo», reclama Rocafort, cuya asociación ya ha pedido una cita con el alcalde para insistir en este aspecto.
El caso de El Algabeño
Incluso hubo ejemplos más disparatados como el de El Algabeño, situado en Hortaleza , que el juez anuló porque consideró que hubo una confusión entre personajes históricos. En el informe del Comisionado se argumentó la eliminación de la distinción al torero señalando que «José García Carranza (1902-1936), apodado Pepe El Algabeño, torero y terrateniente andaluz, en julio de 1931 estuvo involucrado en la muerte de cuatro obreros en el parque de María Luisa de Sevilla y prestó voluntaria colaboración a la sangrienta limpieza política de los barrios populares de Sevilla por Queipo de Llano al inicio de la Guerra Civil». Sin embargo, en señalar este nombre estribaba, precisamente, el error: la calle no estaba dedicada a la persona que cita el Comisionado, sino a su padre, José García Rodríguez (1875-1947), que también fue torero y usaba el mismo apodo. «Aun admitiendo que se tratara del hijo, tampoco estaría justificado el cambio de calle», puesto que, como indica el fallo, la Ley de Memoria Histórica pone como excepción que el nombre del espacio se haya adoptado por «razones artísticas».
Impugnación total
Frente a los recursos de calles concretas, la Fundación Nacional Francisco Franco optó por reclamar la impugnación de los 52 cambios. La sentencia, rubricada el pasado 30 de julio, estimó parcialmente su demanda y ordenó la restitución de seis nombres del callejero sobre las que otros magistrados ya se habían pronunciado anteriormente y las de otras dos más que no estaban argumentadas de forma solvente. El juez arguyó que el criterio seguido para valorar las denominaciones exige demostrar «un plus adicional de participación o significación» con la Guerra Civil o la Dictadura franquista, que no se cumple tampoco en los casos del Comandante Zorita (Tetuán); y el en el del paseo del Doctor Vallejo Nájera (Arganzuela).
Los descendientes del capitán Carlos Haya también recibieron un espaldarazo de la Justicia en enero, cuando el magistrado de lo Contencioso-Administrativo número 15 consideró que la familia demostró con documentos que su padre, «con anterioridad a la Contienda Civil», había acumulado «méritos propios suficientes» que sirvieron para que el Ayuntamiento en 1954 le dedicara una calle. Según consta en la resolución judicial, se reconoció que «en 1931 voló de Sevilla a Bata (Guinea) sin escalas» y que fue «uno de los primeros aviadores que hizo uso de la radio-ayuda a la navegación en vuelos sin visibilidad».
A esta batería de resoluciones judiciales se sumarán en las próximas semanas otras dos, que también podrían ser desfavorables para el Ayuntamiento: la del Crucero Baleares (Puente de Vallecas); y la del paseo de Muñoz Grandes (Carabanchel). «Hay dos demandas para defender que se recupere el nombre del Crucero Baleares. No exalta la Guerra Civil ni la represión. Al contrario, murieron personas de los dos bandos», defiende en declaraciones a ABC el presidente de Colectivo de Familiares de Caídos en Rusia, José Luis Marín , que esta semana enviará un escrito al Consistorio para que «desmantelen» la Oficina de Derechos Humanos y Memoria por «su coste» y por su «incompetencia e imparcialidad».
Salvo estas dos últimas causas que están por resolverse, el Ayuntamiento recurrió todos los fallos ante el TSJM , que será el órgano que fije el criterio final. Fuentes municipales explican que «dejarán en manos de los servicios jurídicos la decisión de mantener o retirar los recursos en cada caso». Mientras, las antiguas placas descansan en un almacén municipal hasta que el Consistorio las restituya, ya con las sentencias en la mano.
