Xunta y Competencia chocan por la norma de residencias turísticas

La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia denuncia. La Xunta responde. El organismo encargado de velar por la libre competencia solicitó ayer el Gobierno gallego que se suprima o se modique el grueso de su decreto de viviendas turísiticas,la herramienta con la que la administración autonómica preveía regular el alquiler de habitaciones particulares a través de internet.

La CNMC, a través de un comunicado, recomendó a la Xunta esta medida como «paso previo» a la presentación de un recurso ante el contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Y advierte: es la tercera vez que lanza un aviso a una región. En el caso de la Comunidad de Madrid, el recurso contra una normativa similar fue estimado con éxito.

La lupa también está en Europa. El organismo alerta de la labor de vigilancia que tanto los tribunales comunitarios como la Comisión están ejerciendo sobre los requisitos «injustificados y desproporcionados» de acceso al mercado. El comunicado divide su denuncia en dos partes. Sobre los apartamentos turísticos, la prohibición de alquilar por habitacionces resulta «contrario al derecho del empresario de organizar su actividad».

Aunque la carga de profundidad está en las viviendas de uso turísticas, aquellas que se anuncian en plataformas como Airbnb. Asegura la CNMC la potestad de los concellos de restringir la oferta es una decisión «discrecional». Y que la diferencia entre la estancia inferior a 30 días o la cesión por dos veces al año «no supera el test de necesidad ni proporcionalidad».

La réplica de la Xunta, además de solicitar la desestimación del requerimiento, aclara que «no se restringe en ningún momento la competencia, sino que se ordena una actividad que comenzó a proliferar en los últimos años». El área de Turismo del Gobierno gallego recuerda que los problemas de fiscalidad, impacto social y económico o las molestias causadas a los residentes hacen necesaria la implantación del decreto, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 10 de mayo después de ser remitido a las asociaciones de hosteleros.

Como conclusión, la administración defiende que su regulación «es proproporcional, necesaria y está justificada», sin mencionar el estudio de una posible reforma.