La Xunta expedienta a las empresas por saltarse el pacto de servicios mínimos

La huelga del transporte por carretera tendrá más consecuencias que las estrictamente económicas. La Consellería de Infraestructuras decidió ayer abrir un expediente informativo a todas aquellas empresas que, durante las jornadas de paro, hayan incumplido los servicios mínimos acordados: un 100% para las líneas escolares y un 40% para las de uso regular. Los datos aportados por la administración autonómica hablan de una huelga salvaje, que ha dejado sin servicio a 67.000 estudiantes durante la primera jornada y a 57.000 en la segunda.

La nueva vía anunciada por la Xunta tiene en principio efectos disuasorios. El Gobierno investigará, caso por caso, por qué las compañías no han fletado los autobuses llamados a salir del garaje los días de paro.

El objetivo es detectar posibles irregularidades y barajar la posibilidad de imponer sanciones. La alerta llega a menos de dos meses de que entre en vigor la primera fase del nuevo mapa de rutas, con 42 contratos listos para ser adjudicados.

Los plazos temporales se achican y el Ejecutivo busca tomar la iniciativa. La conselleira mantuvo ayer un encuentro en el Parlamento con el titular de Educación, Román Rodríguez, para intentar poner coto al incumplimiento «claro» y «flagrante» de lo pactado. En cifras: la voladura de los servicios mínimos en las líneas escolares afectó en un 92% a la provincia de Orense y en un 86% a la de Pontevedra; mientras que en Lugo alcanzó el 70% y en La Coruña, el 62%.

El departamento de Ethel Vázquez empieza a contrarrestar la campaña de mensajes auspiciada desde los sindicatos y las patronales. El principal, el empleo. Las centrales sindicales temen, en plena negociación del convenio colectivo, que la implantación de un modelo renovado de transporte vaya a suponer la pérdida de hasta 1.000 puestos de trabajo. Infraestructuras lo niega «rotundamente».

El plan se presenta como la oportunidad de que muchas pequeñas y medianas empresas se adapten «a las necesidades reales» del rural de Galicia, y de paso, garanticen su viabilidad económica en el futuro. La seguridad para mantener los puestos de trabajo vendrá por ese camino. La Consellería, incluso, anuncia que la contratación de cuidadores para las rutas de transporte integrado incrementará «sustancialmente» el volumen de empleo en el sector. Una de cada diez líneas sometidas a concurso este verano así lo contemplan en las bases de explotación.

Campo embarrado

El hecho de que el sector no respetara los servicios mínimos enfanga todavía más una negociaciones de por sí complejas. Ethel Vázquez volvió a reiterar la disposición de la Xunta al diálogo, pero con un matiz. La interlocución será por separado para que no se vuelvan a repetir reuniones como la del pasado viernes, cuando las empresas y los sindicatos hicieron frente común contra los planteamientos del Gobierno. «Tienen intereses distintos», previno.

Por un lado, los trabajadores se enfrentan a la tesitura de tener que renegociar sus condiciones laborales. Las compañías, por el contrario, se preparan para competir por los nuevos contratos, después de que en agosto de 2016 decenas de concesionarias renunciaran a prestar el servicio en 500 líneas. La maniobra está siendo estudiada por el Consello Galego da Competencia.

Todos los agentes van por líneas paralelas sin punto de encuentro a la vista. Mediante un comunicado, las federaciones Anetra, Fegatrans y Transgacar calificaron de «tibia» la respuesta de la administración ante los paros. Aseguran que deja «un notable desasosiego» entre buena parte de la patronal, al ver que se empieza a «extender la convicción de que la conselleira baraja no hacer nada e imponer una vez más su proyecto». Por si se abriera un escenario de sanciones, achacan la responsabilidad de la parálisis a unos piquetes que, «con carácter general», están impidiendo «atender los servicios mínimos».

Precisamente una de estas plataformas, Fegatravi, denunció ayer algunos incidentes. Según declaró su responsable, Javier de Bidegaín, a Europa Press, dos autobuses sufrieron daños en las ruedas en la provincias de Orense tras el ataque de varias personas a plena luz del día. Las empresas vinculadas a la asociación son de las menos afectadas por la reforma de la Xunta.

Las centrales sindicales, por su parte, celebraron el «completo éxito» que está suponiendo la huelga, como resumió el responsable de Carretera de CC.OO., Marcos Pérez. «Los trabajadores no están por la labor de que masacren sus derechos», proclamó, antes de amenazar con bloquear el transporte hasta nuevo aviso: «No descartamos una huelga indefinida con un paro total».