Responsabilidad presupuestaria
La Xunta encuentra un atajo legal para reinvertir el superávit de 2018
Amortizará deuda de sociedades públicas para redirigir esas partidas a servicios
La Xunta tenía un problema. Había acumulado 125 millones de euros de superávit del año 2018 pero no podía emplearlos hasta que el Estado lo autorizara , y además estaba supeditada a determinados criterios de sostenibilidad para poder dedicar esa cantidad a servicios públicos. Cansados de esperar a que el Gobierno diera luz verde para reinvertir este remanente, el gobierno gallego ha encontrado un atajo legal para poder esquivar la autorización estatal y hacer uso de este dinero este mismo año, que dedicará fundamentalmente a la sanidad y la educación públicas.
El anuncio lo hizo este jueves Alberto Núñez Feijóo tras la reunión semanal de su gobierno, del que salió aprobado el anteproyecto de ley de refuerzo de atenciones prioritarias de servicios públicos , que entrará de manera inminente en el Parlamento para su previsible aprobación por el trámite urgente de lectura única.
El atajo para esquivar la autorización del Estado para utilizar el superávit es el siguiente: en aplicación de sus competencias, la Xunta dedicará el superávit a amortizar las deudas de dos sociedades públicas instrumentales —Xestur y la Sociedad Pública de Inversiones (SPI)—, de manera que las partidas presupuestarias que ya tenía previstas para esas anualidades las reorientará a otro gasto. Y es ese cambio para el que necesita la herramienta de esta ley. De seguir esperando a la luz verde del Gobierno, la Xunta se exponía a no poder realizar gasto alguno en el presente ejercicio por las distintas trabas administrativas, según indicó a la prensa Núñez Feijóo. Una «hermosa» solución, según valoró el entorno del presidente.
«Lo hacemos de manera responsable, preservando el autogbierno de Galicia, cumpliendo la normativa fiscal de España y buscando una solución práctica a un problema artificial que consiste en no dejar gastar a las autonomías que cumplen para beneficiar a las que incumplen », afirmó ayer el titular de la Xunta, visiblemente satisfecho por una argucia que cuenta con el aval de la asesoría jurídica de la administración autonómica y por la que, están convencidos, el Estado no podrá protestar ni poner obstáculo alguno.
Deuda no financiera
La clave de la solución es que la amortización no es sobre deuda financiera con bancos, sino con entidades instrumentales que tienen anualizadas transferencias de crédito desde la administración autonómica. A efectos de cómputo global, la Comunidad gallega reduce su endeudamiento por lo que el Ministerio de Hacienda —en teoría— no puede poner objeción , pero esta vía permite reutilizar dinero que ya estaba en el presupuesto, aunque con algunos matices.
El principal es que no podrán utilizarse la totalidad de los 125 millones sino solo 96, dado que otros 34 serán para la SPI. El sumatorio es de 130 millones , ya que a los 125 de superávit suma otros 5 por el ahorro en gastos financieros al amortizar la citada deuda de las sociedades públicas. Estos 96 millones se dividirán en dos anualidades iguales de 48 para invertir entre este año y el próximo 2020.
En el presente 2019, esos 48 millones se dedicarán a servicios públicos: 22 para la sanidad, 22 para educación y el resto para servicios sociales e inversiones en el rural , tal y como detalló Feijóo. De este modo «invertimos lo comprometido» con sociedade científicas, sindicatos y el grueso del sector sanitario, en palabras del presidente gallego. Con este dinero «ofertaremos 60 plazas para médicos de Primaria y 100 de enfermería» , superando en más de 200 el total para la Atención Primaria, de acuerdo con lo comprometido por el Sergas con los distintos actores de la sanidad.
En educación, los 22 millones de este año se destinarán «a mejorar cuarenta colegios e institutos», cuyas obras eran urgentes ya que debían acometerse durante las vacaciones de verano, por lo que la tardanza del Estado las condicionaba. La partida para servicios sociales irá para «mejorar escuelas infantiles, centros de mayores y residencias», explicitó Feijóo. Ahora falta la respuesta del siempre locuaz Ministerio de Hacienda.
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